El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley que desarrolla y aplica la Ley 1/2021 de Simplificación Administrativa, el último paso antes del envío de esta relevante normativa a las Cortes de Aragón para su tramitación. El texto aprobado este miércoles da forma a las reformas legales de distintos ámbitos que abarca la nueva normativa. Su puesta en marcha supondrá la derogación de 92 normas de igual o inferior rango, con lo que se genera una labor de saneamiento del ordenamiento jurídico.
Más en concreto, el objeto de la legislación es adaptar el régimen de intervención administrativa sustituyendo autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones, la sustitución del silencio administrativo negativo por silencio positivo más la revisión de sus plazos, la reducción de plazos de emisión de informes y dictámenes o la reducción de la documentación a aportar.
La norma promueve una mayor eficacia, dado que se trata de minimizar las cargas administrativas innecesarias o accesorias, favoreciendo las declaraciones responsables y las comunicaciones previas. En su aplicación, se tiende a la racionalización de la gestión de los recursos públicos.
El desarrollo de este proyecto de ley se vincula de manera directa con la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, aprobada en junio de 2020 y que subraya en diversos artículos la necesidad de conseguir mayor agilidad en la actividad administrativa.
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha destacado que esta ley puede convertirse en el "sello" de la presente legislatura. Una reforma que persigue, ha dicho, "hacer útil la Administración a sus administrados y a los inversores que deciden desarrollar sus proyectos aquí".
Esta ley cambiará, ha asegurado, "prácticamente cualquier relación del ciudadano con la Administración". A la hora de realizar trámites, el silencio administrativo al cabo de tres meses pasa a ser positivo, en lugar de negativo, como hasta ahora.
