Los ertes han supuesto la principal herramienta para amortiguar el impacto de la pandemia en la economía y el empleo. En Aragón, más de 15.000 empresas y 177.000 trabajadores –unos 3,5 millones en toda España– han estado inmersos en expedientes temporales de empleo de fuerza mayor, los creados expresamente por la crisis sanitaria, ya sea por unos días, semanas, meses o, incluso, más de un año. El consenso sobre la utilidad de este mecanismo es amplio tanto entre empresarios como entre trabajadores y para financiarlos el erario público ha asumido un coste extraordinario. No obstante, hecha la ley, hecha la trampa y muchas compañías han abusado y abusan de esta medida para descargar parte de sus costes en las arcas públicas.

Desde marzo de 2020 hasta el pasado 17 de septiembre de 2021 la Inspección de Trabajo (ITSS) y Seguridad Social ha detectado un total de 249 ertes fraudulentos o con infracciones en empresas aragonesas, por las que ha impuesto multas y requerimientos por valor de 1,5 millones de euros (en concreto, 1.511.364,20 euros), según los datos solicitados por este diario al Ministerio de Trabajo.

Este organismo ha puesto la lupa a 1.443 expedientes temporales en la comunidad autónoma desde que comenzó la campaña de los ertes del coronavirus a finales de marzo de 2020, habiendo finalizado la revisión de 1.110 de ellos. De esta manera, la Inspección de Trabajo ha localizado errores y trampas en uno de cada cinco ertes que ha investigado.

Por provincias, la mayor parte de los fraudes se han detectado en Zaragoza, donde se han levantado actas de infracción a 235 empresas de las 830 a la que se ha investigado hasta la fecha, con sanciones por un importe conjunto de 1.441.402,20 euros. En este caso, se ha generado 1.091 actuaciones, de las 261 todavía no han finalizado. En Huesca, se ha revisado 295 expedientes y en 223 de ellos ya han concluido las indagaciones, siendo 14 los que presentas fraudes o errores que han devenido en multas por 69.962 euros.

Teruel es la provincia aragonesa más cumplidora ya que no se ha detectado que se haya cometido ningún abuso al erario público en los 57 ertes escudriñados por los inspectores de Trabajo.

El coste que los ertes han tenido para el erario público es descomunal. Solo en prestaciones, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) alcanzó en 2020 un gasto de 842 millones de euros en Aragón, el doble que el año anterior (427 millones), lo que supone la cifra más alta de la su historia. El mayor registro hasta ahora era del 2012, el peor ejercicio de la anterior crisis económica, cuando fueron 828 millones.

Campaña especial

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo sobre los fraudes en ertes tienen como finalidad el control de los movimientos de afiliación o alta laboral en aquellas empresas que ha recurrido a esta herramienta desde que se declarara el primer estado de alarma. Cabe precisar que el número de infracciones impuestas no equivale exactamente al de empresas, ya que alguna de estas pueden tener más de una vulneración de la normativa. Para evitar que algunos saquen tajada de la situación excepcional generada por la pandemia, la Inspección de Trabajo puso en marcha una campaña especial para la detección de infracciones en las suspensiones de empleo que se hicieron de forma masiva.

La mayor parte de los fraudes se localizaron el año pasado, cuando se llevaron a cabo 943 inspecciones de este tipo en Aragón, de las que 193 acabaron con infracciones. Las multas sumaron un importe total 1,1 millones de euros por ertes que afectaban a 354 trabajadores. De estos, 268 compaginaron irregularmente la prestación de paro y el empleo.

En 2020 el radar de la policía laboral se centró en la búsqueda de errores, pero en 2021 ha perseguido más el «fraude puro», es decir, cuando se cobra la prestación del SEPE y se trabaja parte o toda la jornada. En el presente ejercicio, se han concluido en la comunidad 174 expedientes y 57 de ellos se han impuesto sanciones por un importe de 347.600 euros. Las empresas multadas deben devolver 163.258 euros a la Seguridad Social por exenciones aplicadas indebidamente.