Los acuñados como los «presupuestos más sociales» de la historia por el Gobierno de Pedro Sánchez dejarán en Aragón más de 70 millones de euros en políticas para facilitar el acceso a la vivienda. Las ayudas al alquiler de los jóvenes tendrán un presupuesto de seis millones en 2022 y se destinarán 68 millones más a políticas de acceso a la vivienda. Son algunas de las cifras que este jueves ha desgranado la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, que destacó el importante «gasto social» de las cuentas generales del Estado y su impacto en la vida de los aragoneses.
«Los presupuestos reflejan una inversión social sin precedentes destinada a los jóvenes, los mayores y las empresas, además de atender las necesidades específicas de las zonas despobladas», comenzó Serrano, que también alabó como un «triunfo» para Aragón la inclusión en el proyecto de presupuestos de las ayudas especiales a las empresas ubicadas en Teruel por su escasa densidad de población. Unas ayudas del 20% en los costes laborales que, aseguró, «empezarán a aplicarse en 2022».
La delegada del Gobierno en Aragón recordó las grandes cifras de los Presupuestos Generales del Estado, que dejarán en la comunidad inversiones por 552 millones de euros (incluyendo los 30 del Fondo de Inversiones de Teruel), lo que supone una inversión de 393 euros por habitante (frente a los 274 de la media española). Serrano destacó que las cuentas superan en 18 millones las del ejercicio en curso, un 3,5% más, con lo que aseguró que «el Gobierno de Sánchez demuestra que su compromiso es firme con Aragón».
Asimismo, la delegada destacó que la cuantía dedicada a inversiones, que representa el 4% del global en todas las comunidades, y una cifra menor que en 2021, «es superior a lo que Aragón representa en España en términos de PIB (del 3,1%) y de población (2,8%)».
En concreto, Serrano destacó el «incremento del 85% en las partidas destinadas a jóvenes». Las ayudas al alquiler para ellos contarán con 6 millones de euros en el presupuesto, y el plan de acceso a la vivienda del Gobierno central aportará a la comunidad 68 millones de euros. Además, 14.000 jóvenes aragoneses podrán acceder al bono joven cultural, y otros 17.000 podrán acceder a las becas, que cuentan este año con 2.200 millones en el presupuesto. Además, Aragón recibirá una partida de 74 millones en cooperación territorial para el impulso de la Formación Profesional, según las cifras analizadas por Serrano.
Por otro lado, la Delegación del Gobierno en Aragón cuantificó en 302.000 los pensionistas aragoneses que se beneficiarán de la actualización al IPC, y otros 7.000 verán aumentada su pensión no retributiva un 3% desde el próximo año. El Estado pondrá 72 millones de euros para la dependencia en la comunidad, lo que beneficiará a 41.000 personas. Además, se destinarán 468 millones a sufragar las prestaciones por desempleo y el Ingreso Mínimo Vital llegará a 21.300 aragoneses tras aumentar un 3%.
En plena escalada del coste de la electricidad, el bono social térmico del Gobierno central prevé llegar a 34.000 hogares. Asimismo, las políticas del Plan Corresponsables para fomentar la conciliación familiar y laboral prevén dejar 10,4 millones de euros en la comunidad autónoma, y la lucha contra la violencia de género recibirá 7,4 millones en Aragón.
También destacó ayer Serrano el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en la comunidad, que se sustancia en el Kit Digital, que prevé la inversión de 40 millones en la digitalización de las pymes, y otros 39 millones para fomentar la economía circular y la eficiencia energética.
Ante las críticas de la oposición por el «escaso apoyo» al Canfranc, Serrano subrayó que la partida de infraestructuras «crece un 3,5%» y defendió que «no solo es importante aumentar el gasto en infraestructuras, sino también el social».
Por último, ante la partida de casi 30 millones para el embalse de Mularroya, que cuenta con sentencias en contra por incumplir la Directiva Marco del Agua, Serrano reconoció que mientras no haya una sentencia firme, «el Gobierno sigue comprometido con las obras del Pacto del Agua y la ayuda a los regantes».
