Los Gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León pusieron este jueves en común, en una reunión por videoconferencia, un informe elaborado por una consultora externa en el que se da respuesta a cómo articular las bonificaciones en los costes laborales para Teruel, Cuenca y Soria, al amparo de las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional, y que ha tenido su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
El estudio facilitará al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea. Se culminaría así el trabajo que los tres gobiernos autonómicos llevan haciendo desde hace meses para que lograr estas bonificaciones.
La consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, destacó que «las bonificaciones alcanzan a todas las empresas y autónomos que desarrollen su labor en la provincia, sin límite de trabajadores y mientras la normativa europea se mantenga».
El informe señala que la forma más operativa de articular las ayudas es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social.
El documento remitido al Gobierno de España pone de manifiesto que este régimen propiciaría la atracción y la consolidación de empresas en las que el peso de los costes laborables sea considerable frente a otros factores de producción. De esta forma, se crearía o se mantendría empleo en estos territorios, frenando así su creciente despoblación.
Reducción de gastos corrientes
De este modo, según el informe elaborado por la consultora Garrigues, el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, actualmente fijado en el 23,6%, podría reducirse en el importe correspondiente hasta alcanzar el 20% de los costes laborales. En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,30%, que podría verse reducido del mismo modo hasta alcanzar como máximo el 20% de los costes laborales del trabajador por cuenta propia.
Las ayudas estarán vigentes mientras sean compatibles con la normativa europea. No es necesario que las empresas tengan su domicilio social o la totalidad de sus centros de trabajo en la zona asistida, aunque solo resultarán de aplicación los costes laborales incurridos por las empresas en la mencionada zona. Sí se exigirá la inclusión de los trabajadores en el Código de Cuenta de Cotización específico de la empresa en dicha provincia y que residan ahí, fijándose un mínimo de 183 días en el año natural de permanencia y exigiéndose su empadronamiento.
Entre los requisitos estaría la incorporación efectiva al Sistema RED, de remisión electrónica de datos, o hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social durante la aplicación de la ayuda.
