Tras asesinar a 829 personas en España, 16 de ellas en Aragón, y secuestrar a otras 79, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció el cese definitivo de su actividad armada un 20 de octubre del 2011. Esta semana se cumplen diez años del fin del terror de la banda y la comunidad respira tranquila puesto que el territorio aragonés se convirtió un campo de operaciones habitual desde que cometió su primer atentado en 1960, y no sólo para regarlo de sangre y bombas, sino también como un centro de apoyo logístico y de refugio cuando la presión policial en el País Vasco y Navarra aconsejaba utilizar a Aragón como ruta de avituallamiento desde Francia o como escondite.
Durante su comunicado, la banda terrorista no se refirió en ningún momento ni a la disolución ni a la entrega de armas. Un hecho que a día de hoy molesta especialmente a las víctimas y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en su día trabajaron en perseguir a los asesinos. El dolor aumenta cuando todavía hay 300 muertes cuyo responsable no ha dado cuentas de ello ante la Justicia. Uno de los últimos casos en resolverse fue el del asesinato del presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, ocurrido en el 2001 cuando el político iba junto a su hijo por la calle de camino a La Romareda. Fue el joven de 17 años el pudo identificar al supuesto autor de los tres disparos en el 2014, Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, alias Ata. Está en una cárcel pendiente de sentarse en el banquillo.
Cuando los tres miembros de ETA anunciaron el fin de la actividad no recordaron a las víctimas, pero sí a sus presos. En aquel momento, 595 etarras estaban en centros penitenciarios en España, otros 140 en Francia. Diez años después, con la política de dispersión en liquidación, hay 185 presos de ETA recluidos en 19 cárceles ubicadas desde Madrid al País Vasco, donde ya cumplen sus penas 66 reclusos. En el centro penitenciario de Zuera hay 8 y en el de Daroca 4.
Primera Víctima
La niña de 22 meses María Begoña Urroz Ibarrola se convirtió en la primera víctima mortal atribuida a ETA. Su muerte se produjo por la explosión de una bomba en la consigna de la estación de trenes de San Sebastián (Guipúzcoa). La banda siempre lo negó, atribuyéndose como primer asesinato el del guardia civil José Antonio Pardines. La muerte se produjo cuando el agente pretendía identificar a dos miembros de ETA.
Pasaron los años y los sanguinarios se fijaron en Aragón. En la fría mañana del 30 de enero de 1987 un coche bomba colocado frente a la iglesia de San Juan de los Panetes por ETA hizo explosión al paso de un autobús con personal y profesores de la Academia General Militar de Zaragoza. Murieron el conductor civil y un comandante de ingenieros, mientras que otras 40 personas resultaron heridas de diversa consideración. Antes de acabar el año, el 11 de diciembre, empleaban el mismo modus operandi contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Ocasionaron 11 muertos (entre ellos cinco niñas) y 88 heridos, la mayoría de ellos civiles.
Tres coches-bomba, 29 artefactos y dos bombardeos del aeropuerto de Zaragoza con morteros, condicionaron la paz de una comunidad que sólo ha sido objetivo terrorista por su situación geográfica. Esta misma ubicación también facilitó a la banda la posibilidad de disponer de un refugio.
Los etarras tuvieron pisos francos en Zaragoza y utilizaron también la ciudad para preparar coches-bomba que utilizaban en Cataluña o en otras partes del país. Aunque nunca se descubrieron los talleres donde se cargaban estos vehículos de la muerte, dos de ellos se interceptaron antes de que salieran de la ciudad, en las calles Lastanosa y Escoriaza y Fabro, en el barrio Delicias.
La vía de avituallamiento, sin embargo, fue más peligrosa para la banda, que vio como los Cuerpos de Seguridad interceptaban en Benabarre, Calatayud y Alhama de Aragón varias furgonetas con explosivos llegadas desde Francia para sembrar de muerte otras ciudades españolas. Sólo una consiguió pasar de Teruel, pero fue detenida en Cuenca.
