La ciudadanía está habituada al uso de la denominada nube (cloud, en ingles, o lugar al que se accede a través de internet), con el uso del Whatsapp, cuando se envían correos por gmail, el almacenamiento de fotos o los Zoom en videoconferencias. Sin embargo, en las administraciones públicas su utilización hasta ahora no ha sido habitual. Es por eso que desde Aragón se apuesta por una ley de política en la nube o ley cloud, una norma pionera necesaria para «la transformación digital» de las administraciones públicas en aras de la «modernización» de la «economía aragonesa de vanguardia y de futuro», según ha asegurado este lunes la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, durante su visita al Centro de Proceso de Datos de Walqa junto a la directora gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Mayte Ortín. La norma servirá también para «preparar a Aragón para el reto tecnológico» ya que con esta ley se quiere «democratizar la tecnología» y transitar hacia una técnica «verde y sostenible».

Esta transformación digital se ha acelerado por la pandemia, de ahí que desde el Gobierno de Aragón se pretenda trasladar los datos que actualmente están en dispositivos privados (como el Centro de Proceso de Datos) a un «modelo híbrido» donde los esenciales o más sensibles sigan donde están mientras que otros pasen al cloud público. Para Maru Díaz, esto es importante puesto que permite «un uso más eficiente de los recursos y es medioambientalmente más sostenible». Entre las ventajas que ofrece la nube está la independencia del hardware, el pago en función del consumo y facilitar el uso de la inteligencia artificial para la gestión de esos datos, permitiendo tener en cuenta «en qué momentos clave podemos usar esa tecnología», como puede ser cuando el volumen de datos con los que se trabaja es más alto, como «la tramitación de la PAC o la escolarización», explicó la consejera.

A final de año

La nueva normativa, que está previsto que llegue a las Cortes de Aragón a final de año, regulará cómo se da ese paso, en qué condiciones y requisitos y también reforzará la confianza digital de la ciudadanía, al tener prevista una carta de garantías que «priorice la protección de datos» y la «sostenibilidad, intentando que tengamos un control de esa transformación digital».

Esta tecnología cloud permite «democratizar la tecnología» y el «acceso a tecnología puntera» a pequeñas empresas, que no podrían permitirse la infraestructura necesaria para el uso de esta inteligencia artificial pero sí que podrán acceder «a espacios compartidos», dijo la consejera. Además facilitará «el impulso a la capacitación» apostando por la formación tanto a través del Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova) como del Instituto Aragonés de Empleo y «actualizando el talento y las nuevas habilidades del sector de las telecomunicaciones» en la comunidad, ha señalado la gerente de AST, Mayte Ortín.

Con esta ley, Aragón aspira además a ser «referente en tecnologías digitales verdes» ya que reduce la huella de carbono de la administración pública creando un «ecosistema de negocio digital de bajo impacto medioambiental». El anteproyecto se estructura en seis capítulos, ha explicado Ortín, que favorecerán la implantación de la administración de la comunidad autónoma en ese modelo híbrido con la política de «datos abiertos», pero mostrando los requisitos que tienen que cumplir los proveedores (habrá un registro público con esos suministradores homologados, y se irán tomando según la necesidad o servicio, según el Gobierno de Aragón) cumpliendo «la protección de datos que establece la ley vigente». Además, está previsto la adaptación de las «infraestructuras informáticas logrando esa transición de forma ordenada» y optando por «la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono».

Alguna de las medidas previstas reconocen a AST para contratar de forma centralizada los servicios de tecnologías cloud de organismos públicos. También se potenciará el uso de estas técnicas por parte de las entidades locales, que contarán con el asesoramiento de la comunidad si «deciden sumarse a estas medidas», ha señalado Ortín.

En cuanto al sector privado, habrá «programas de asesoramiento y líneas de subvenciones» para mostrar las posibilidades del uso de las nuevas tecnologías en el sector; y se creará un «distintivo de calidad» que otorgará a los proveedores y que facilitará que empresas privadas conozcan las garantías de estos facilitadores.

Al igual que la consejera, Mayte Ortín ha hecho hincapié en la necesidad de «capacitación profesional y captación de talento» en Aragón a través de la adaptación curricular y nuevas especializaciones tanto de FP como de enseñanzas superiores.

El Gobierno invertirá 18,7 millones de euros en reforzar la ciberseguridad

El Gobierno de Aragón invertirá 18,7 millones de euros en tres años en reforzar la ciberseguridad de los servicios digitales a partir de un acuerdo marco puesto en marcha por Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) porque «somos conscientes de los riesgos que acarrea esta transformación digital», aseguró Maru Díaz, quien reconoció las «nuevas amenazas que están sufriendo las administraciones públicas» pero también las empresas y cualquier usuario. La consejera reconoció que es «habitual» escuchar noticias sobre ciberataques, robos de información, vandalización de los datos online, sobre todo en los últimos años, donde los trámites con la administración se han multiplicado por más de 2.000. En 2019 hubo unos 6.500; en 200, 130.000 y en lo que va de año, en torno a 154.000. Si a esto, se uno que, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que asegura que cada día se producen hasta 178 incidentes relacionados con ataques informáticos, puede producirse una «tormenta perfecta». Frente a esto, se pone en marcha una serie de medidas que permitirán prestar a la ciudadanía «unos servicios diligentes, seguros y robustos» que puedan sostener «estos ataques» y que «protejan lo que va a ser el oro del siglo XXI, los datos» y lograr así a la economía «ser más competitiva», reconoció Díaz.