El Gobierno de Aragón traslada la patata caliente del pasaporte covid a los responsables de ocio nocturno. De hecho alienta a solicitarlo al amparo del derecho de admisión; una invitación que parece no hacer mella en los titulares de los locales. Se trata de una «recomendación» que tanto la consejera de Sanidad, Sira Repollés, como el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, consideran «sensata» a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

La DGA solicitó recientemente su aval para su puesta en marcha, pero la Justicia planteó otra cuestión de inconstitucionalidad y remitió a lo que diga el Tribunal Constitucional, a lo que el Ejecutivo respondió con alegaciones para que se autorizara de manera cautelar. Hasta que haya una respuesta, se recomienda que se pida, igual que hacen en otras actividades, señaló Falo; quien reconoció que en los últimos 18 meses, la «administración ha estado regularizando casi todo» mientras que ahora pesará más «las decisiones que tomemos como ciudadanos y como colectivo», reconoció.

Sin embargo, también quiso hacer hincapié en que dependerá de «las subidas y bajadas de casos» que en un futuro sea necesario «recuperar esta medida» y «saber si podemos hacerlo». De hecho, dijo que si tuvieran el visto bueno de la Justicia se aplicaría su obligatoriedad en las localidades en nivel 2, o sea, en Caspe.

Sin embargo, desde el ocio nocturno hacen más hincapié en el levantamiento de restricciones, lo que supone «el recuperar el derecho a trabajar» y también «el derecho de la población a tener ocio», aseguró Alberto Campuzano, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza. El vicepresidente del colectivo, Miguel Ángel Salinas, también se mostró «contento por poder ejercer con todas las prebendas adquiridas» por la licencia, como es el 100% de aforos, el consumo en barra y el baile.

Salinas critica que en estos 19 meses desde Sanidad «no hayan querido recibirnos» y «analizar la situación con nosotros». La consejera, apunta Campuzano, «tenía que haber intentado llegar a un acuerdo con nosotros antes». Y puntualiza: El pasaporte covid «no es un documento reglado» e incluso, añade, que el carnet de la biblioteca «tiene más restricciones». Además, asegura que se trata de un «documento sanitario que no podremos pedir ni comprobar que no es una copia» y contar con él «no te evita el contagio o que te hayas saltado un confinamiento».

Salinas, por su parte, considera la recomendación «un brindis al sol» y pedirlo «solo nos puede acarrear problemas» por la ley de protección de datos, por lo que consideran «inviable» su solicitud. Puntualiza que estaban de acuerdo «cuando nos podía facilitar levantar restricciones» y quizá invitar a la gente joven a vacunarse si además quería salir de fiesta, pero ahora «no tiene ningún sentido», concluye.