A principios de este verano, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció su intención de cambiar la ley del aborto para regular la objeción de conciencia de los médicos con el objetivo, dijo, de garantizar el acceso a cualquier mujer. De momento, desde el ministerio no hay indicación alguna y en la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Aragón consideran que «disponer de una lista de objetores es algo complicado» porque «imponer» no es la solución.
«El tema es complejo y no sabemos si en el futuro se aplicará, pero de momento la realidad es la que es y en Aragón ninguna mujer tiene que esperar para someterse a un aborto, no hay esperas ni hay problemas para ello», explica Laura Baquedano, presidenta de esta asociación. «Es un derecho de la mujer y cuando tiene voluntad de interrumpir el proceso, ningún ginecólogo puede entrar en esa valoración. Es su derecho», reitera.
Sin embargo, los especialistas sí consideran que «sería adecuado» hacer «un cambio en el modelo asistencial», según Baquedano. «Llevamos 10 años con la misma forma de trabaja y quizás sí podría revisarse el modelo para ampliar la cobertura de casos que pueden ser atendidos en la Seguridad Social», explica la presidenta. Se refiere, en concreto, a los supuestos «con más complicaciones médicas» donde la mujer, por ejemplo, ya está en la semana 20 del embarazo. «Ahí ya nota al feto y en esos momentos la atención integral todavía toma más fuerza. En todo momento se les debe apoyar, dar información, y en ningún caso cuestionar su decisión. Hay casos donde entran muchas dudas, mucho remordimiento, y tras once años con esta ley podríamos revalorar alguna cosa», añade la presidenta del colectivo aragonés.
Ochos semanas o menos
En Aragón, las dos clínicas privadas con la que Sanidad concierta los abortos están en La Almozara y en el Actur. En cuanto a los datos de 2020, de las 1.928 interrupciones de embarazo que hubo, 1.109 se dieron en mujeres que estaban de ocho o menos semanas; mientras que 687 estaban de entre 9 y 14 semanas; 131 entre 4 y 6 meses; y tan solo un caso tuvo lugar en una mujer que supera ya el sexto mes. Esta última situación, según figura en el informe anual del Ministerio de Sanidad, fue por una anomalía fetal incompatible con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
Precisamente, entre los motivos que propiciaron los casi 2.000 abortos en 2020 la mayoría (1.645) fueron a petición de la mujer; 177 por «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada»; 105 por «riesgo de graves anomalías en el feto» y el restante es el caso de la mujer que abortó con más de seis meses de embarazo por una situación incompatible con la vida.
El Salud financia los métodos anticonceptivos duraderos
Los llamados Larc (acrónimo en inglés de Long Acting Reversible Contraceptive Method) son métodos anticonceptivos de larga duración. Es decir, que una vez que se aplican tienen una vigencia de uso de entre 3 a 5 años. En Aragón, el Servicio Aragonés de Salud financia estos métodos desde 2016, convirtiéndose en comunidad pionera a la hora de subvencionar dispositivos como el dispositivo intrauterino (diu) o implantes. «Hace algo más de tres años las mujeres lo tenían que pagar, pero ahora ya no. Su precio puede rondar los 60 euros y tiene una validez de tres años», explica Laura Baquedano, presidenta de la Asociación de_Obstetricia y Ginecología de Aragón.
El preservativo sigue siendo lo más utilizado en Aragón
El preservativo sigue siendo el método anticonceptivo más usado en España, también en Aragón. Según los datos del Ministerio de Sanidad, de las 1.928 mujeres que abortaron en 2020 hubo 432 que alegaron que utilizaban el condón a la hora de mantener relaciones sexuales. Por su parte, hubo 340 que apuntaron a métodos hormonales y 37 de caracter mecánimo. Sin embargo, la mayoría de las aragonesas que interrumpieron su embarazo voluntariamente el año pasado refirió que no utilizaban métodos anticonceptivos. En concreto, fueron 1.089 de las 1.928 que abortaron. De ellas, la mayoría se encuentran en edades escolares de Educación Secundaria Obligatoria.
«Es cierto que quizás la cantidad no parece elevada si se tiene en cuenta su duración, pero podía haber mujeres que, por circunstancias económicas, no lo pudieran comprar. Eso podía derivar en embarazos no deseados y, también, en abortos», explica.
Hasta su financiación, la paciente aragonesa tenía que comprar el diu y eran los especialistas de la pública quienes se lo colocaban. «Creo que fue un acierto poder cubrir su coste desde la Seguridad Social», apunta la presidenta de los ginecólogos. El fomento de este tipo de métodos se hace mediante campañas de sensibilización, principalmente desde Atención Primaria. De hecho, las matronas son las que mayormente colocan estos implantes en las mujeres que lo desean y son ellas, también, quienes realizan la revisión del dispositivos pasado un tiempo.
