Los agricultores y ganaderos aragoneses todavía guardaban alguna esperanza de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, escuchara las enmiendas lanzadas por su homónimo en el Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, e incluyera sus reclamaciones en la reforma del plan nacional de la Política Agraria Común. Las pocas que quedaban se desvanecieron casi por completo este jueves, cuando Olona, nada más terminar su declaración en la mesa sectorial de la PAC, ha asegurado que el plan está «visto para sentencia» mostrando su «total desacuerdo con el enfoque político» del reparto de los fondos. Sin embargo, aún podría quedar una bala en la recámara si se pidiera una prórroga a la Comisión Europea, tal y como plantean desde UAGA.
De nada valieron las protestas en las calles del sector agropecuario aragonés ni las enmiendas a la reforma presentadas por el consejero el pasado 4 de octubre. En la reunión de ayer se terminó de sembrar una PAC que cuenta con el apoyo «de la mayoría de las comunidades autónomas», pero que no germinará en Aragón.
Había quedado una rendija abierta a un reformulación del primer planteamiento, o así se lo aseguró el consejero Olona en las Cortes al portavoz de Agricultura del PP, Ramón Celma, cuando le dijo que no diera por cerrada la reforma porque «aún se podría pillar los dedos». Ahora, la puerta se ha cerrado del todo, aunque todavía quedan «muchísimos detalles» por pulir, según Olona. El borrador de esta propuesta se conocerá en noviembre, cuando saldrá a consulta pública.
Por su parte, las organizaciones agrarias aragonesas, que veían venir el golpe final desde hace cosa de un mes, no se quedarán de brazos cruzados. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, ya ha movido ficha y este viernes se reunirá para fijar las líneas de actuación. Aseguran que los planteamientos de la nueva propuesta «no pueden ser más desalentadores», dado que la política regirá durante los próximos seis años la distribución de las ayudas europeas en materia de agricultura y ganadería.
No obstante, desde la asociación señalan que «todavía hay tiempo para presionar al ministerio porque hay países que han pedido a la Comisión Europea una prórroga para cerrar el Plan Estratégico».
«Enfoque político»
El titular de Agricultura en Aragón fue muy crítico con el «enfoque político» que ha tomado la línea de ayudas, con el que se ha mostrado «en total desacuerdo». Si bien el consejero valoró «positivamente» el enfoque redistributivo de la nueva PAC,« por otro lado apuntó «que resulta insuficiente en relación con la preferencia y protección que Aragón ha defendido para el modelo familiar y profesional agrario».
No obstante, aunque la buena sintonía entre el Departamento de la DGA y el Ministerio de Agricultura ha quedado abandonada a medida que avanzaban las negociaciones, Olona evitó ayer cargar contra Planas, al que le reconoció «haber escuchado a todas las comunidades». A su entender, es «muy prematuro» detallar las consecuencias del plan aprobado, pero ha adelantado que al final de la semana próxima presentará «una evaluación estimativa» del impacto que los acuerdos adoptados «van a suponer para Aragón».
A su vez, las reivindicaciones de las organizaciones y las del responsable de Agricultura del Ejecutivo autonómico eran coincidentes. Ambas partes afirman que la eliminación de los derechos históricos era «necesaria» y que se convertía en fundamental que los perceptores de las subvenciones europeas fueran aquellos que trabajan el campo o tienen ganado y no quienes carecen de actividad.
Desde UAGA manifestaron ayer que para conseguir este objetivo, que se dediquen las ayudas a los agricultores profesionales, era necesario redefinir de forma más ambiciosa el término «agricultor genuino» para ajustarla a la realidad. Según la asociación, «agricultor genuino» sólo puede ser aquella persona cuyos ingresos provienen en más de un 50% del sector agrario y que además cotiza a la seguridad social.
