El Tribunal Constitucional (TC) ha dado a conocer los asuntos que abordará en su próximo pleno, programado para este martes. Y si bien esta sesión llega tras el acuerdo al que han llegado el PSOE y el PP para su renovación, fuentes del órgano aseveran que el pleno se celebrará. Uno de los aspectos a tratar tiene que ver con Aragón, ya que deberán analizar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por el artículo 10.8 de la Ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa .

Esta ley, en el mencionado artículo, impone que las salas de los tribunales superiores de Justicia deben ratificar las decisiones sanitarias de carácter general, como los confinamientos perimetrales de localidades. Pero lo que cuestionan los magistrados es si el mencionado artículo es acorde a los artículos 106 y 117.3 y 4 de la Constitución Española de 1978.

El artículo cuestionado por los magistrados fue introducido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el 19 de septiembre de 2020 después de que se aprobara la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid en el ámbito de la Administración de Justicia.

Además, aunque quizá no en este pleno se trate, está pendiente la posibilidad de que en Aragón pueda implantarse el pasaporte covid para el ocio nocturno, ya que el Gobierno de Aragón pidió el aval del TSJA pero este planteó otra cuestión de inconstitucionalidad y le remitió a lo que diga el Constitucional.

Otros temas a tratar, ya en el ámbito nacional, son la sentencia relativa al recurso que impulsó Vox sobre la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma que decretó el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Previsiblemente el pleno del Alto Tribunal acogerá en su sentencia dos de los tres principales argumentos del partido de Santiago Abascal contra ese segundo periodo de estado de alarma que arrancó el 25 de octubre de 2020 y que se extendió por seis meses.

De salir adelante, este sería un nuevo revés para el Ejecutivo que ya en julio vio cómo el tribunal de garantías declaraba la inconstitucionalidad de algunos aspectos del primer estado de alarma. También estudiará la constitucionalidad de la Ley educativa, la LOMLOE, mayormente conocida como Ley Celaá.