El Ayuntamiento de Zaragoza informó ayer de que ha acordado ofrecer a los contribuyentes la opción de presentar una declaración tributaria sobre los bienes inmuebles adquiridos y dejar en suspenso el impuesto de plusvalía a la espera de conocerse el contenido íntegro de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo esta semana el sistema para calcular este tributo, lo que de facto impide que las entidades locales puedan cobrarlo.
En un comunicado, el consistorio zaragozano destaca que esta declaración debe de referir a los aspectos concretos de la transmisión realizada para que, una vez publicada la referida sentencia, se lleven a cabo desde el ayuntamiento las actuaciones necesarias para garantizar su cumplimiento según quede la norma.
El Ayuntamiento de Zaragoza ya acordó días atrás, como también hicieron Teruel y Huesca, suspender cautelarmente la liquidación del impuesto al conocer la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales los artículos de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que establecen el cálculo de la plusvalía municipal.
Los efectos conocidos de la citada sentencia imposibilitan al consistorio realizar todos los trabajos relacionados con la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de las plusvalías.
Según las fuentes citadas, hasta que no se conozca de manera íntegra la sentencia y el consistorio pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias para cumplirla, los contribuyentes implicados en la transmisión o adquisición de un inmueble situado en el término municipal de Zaragoza deberán presentar una declaración tributaria en la que comunique los datos concretos de la transmisión realizada.
En cualquier caso, los contribuyentes o sus representantes legales no deberán autoliquidar el impuesto al realizar la declaración.
El impuesto de la plusvalía es la segunda fuente de recaudación más importante para los ayuntamientos. En el caso de Zaragoza, este año estaba previsto ingresar 36 millones de euros, mientras que en 2022 esa cifra ascendía hasta los 45 millones.
Para paliar esta merma de ingresos, Zaragoza y todos los alcaldes de la Federación Española de Municipios y Provincias han pedido al Gobierno central fondos para compensar la caída de la recaudación y un nuevo sistema que permita a las entidades locales seguir recaudando este tributo con arreglo a la ley y la Constitución.
