Las agresiones a agentes de la Policía han sido numerosas en las últimas semanas en Aragón y muestra de ello es que solo el fin de semana del 23 y 24 de octubre fueron siete los agredidos. Sin embargo, estos incidentes no son nuevos ni único entre este gremio porque, de un tiempo a esta parte, agentes y fuerzas de seguridad del estado, personal sanitario y profesores han sido objeto de numerosos insultos, amenazas y agresiones.
De hecho, las estadísticas hablan de que los casos han crecido en la comunidad, aunque obviamente durante 2020 bajaron debido a la pandemia. Sin embargo, tras el fin del confinamiento y el levantamiento de las restricciones han vuelto a repuntar de manera repentina en algunos sectores, poniendo en jaque el principio de autoridad de todos ellos.
En el caso de los sanitarios, este personal está «sobrecargado y saturado» tras tantos meses de trabajo con la crisis sanitaria», según señala a este diario Jessica Fesenden, delegada de Riesgos Laborales de CSIF Aragón. «Muchos trabajadores están afectados psicológicamente por la presión y la situación, y siguen atendiendo a los pacientes porque su trabajo no para. Sin embargo, detectamos más tensión en estos pacientes, que también están cansados e irritados por la pandemia y los continuos cambios en los protocolos de atención», añade. En este escenario, tanto hospitalario como de centro de salud, donde se han reproducido la agresiones.
Por su parte, desde los sindicatos policiales nacionales y locales, apuntan que se ha producido un «debilitamiento» del principio de autoridad. «La falta de educación en valores, que debe proceder de la familia y de la escuela, ha consumado ese debilitamiento», añadieron a este diario.
Es decir, la educación es una piedra angular en este sentido y la falta de ella no solo generan actitudes agresivas contra los policías, sino que esta situación se traslada a sanitarios y docentes. «En general, las agresiones a empleados públicos, sobre todo sanitarios, han aumentado. Hay un aumento de falta de educación y de respeto, hay más tensión en la sociedad y escaso reconocimiento al trabajo de estos profesionales. La pandemia ha acentuado esta tendencia, porque tanto los usuarios como los trabajadores han vivido situaciones de mucho estrés e incertidumbre», añadía Fesenden desde Csif Aragón.
Más apoyo institucional
En el caso de la docencia, las agresiones son mayoritariamente verbales y se extienden más allá del alumno, ya que muchas veces son las familias las que generan estos altercados. La intimidación a los profesores para presionar un cambio de notas de sus hijos u otra evaluación es el motivo más habitual que genera el conflicto.
En general, desde todos los ámbitos se piden más recursos y un soporte de ayuda institucional para frenar la incesante crecida de casos, ya sean físicos o verbales. «Necesitamos sentirnos respaldados por las instituciones, en particular por las judiciales, de forma que tratar de intimidar y golpear a un policía no salga gratis», subraya Chema Recio, del sindicato CSL, que agrupa a varios colectivos de trabajadores municipales, entre ellos la Policía Local.
«Tal y como están las cosas, sale más barato agredir a un agente que saltarse un semáforo y eso tiene que acabar», afirma, en relación con la supuesta lenidad con la que los jueces tratan a quienes cometen delitos de atentado, desobediencia y desacato
En su opinión, el incremento de las agresiones se debe a «un cambio social» que «se ha extendido por toda España». Por ello considera que son necesarias reformas legales que acaben con la casi impunidad, incluyendo un endurecimiento de las penas, así como un reforzamiento de las plantillas de las fuerzas de seguridad
Javier López, delegado de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Zaragoza, incide en que la agresividad hacia los agentes de la Policía y la Guardia Civil se ha disparado a raíz de la pandemia. «Al limitarse determinados derechos fundamentales para controlar la crisis sanitaria del coronavirus han surgido problemas con una parte pequeña de la ciudadanía, con personas incívicas que no respetan ni a los vecinos ni a las fuerzas del orden», mantiene López
El delegado de CCOO cree que la solución depende de varios factores, entre ellos y sobre todo, «el incremento de las plantillas, la mejora de los medios materiales, desde las defensas a las cámaras de seguridad y los vehículos, y la reorganización profunda de las unidades que conforman la Policía Local».
En el ámbito sanitario, el sindicato médico Cemsatse Aragón lleva reclamando desde 2019 actuaciones concretas como dotar con un vigilante de seguridad todos los centros, instalar cámaras de videovigilancia, aplicar un «botón del pánico» en las mesas de trabajo de los sanitarios o multar a los agresores con cantidades elevadas. Desde este colectivo ya han entregado en los últimos años, por ejemplo, varias pulseras de geolocalización para los profesionales que asisten a pacientes en sus domicilios.
