El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón prevé que antes de noviembre de 2023 se hayan ejecutado 4.635 actuaciones de rehabilitación en viviendas. Lo hará con los 33,3 millones de euros que le corresponden a Aragón por el reparto de la línea de ayudas en esta materia que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que distribuirá los fondos europeos entre las autonomías. Y servirá, según ha explicado este martes José Luis Soro, el titular del Departamento, para lanzar la rehabilitación integral de los barrios, reforzar la lucha contra la pobreza energética y crear oficinas de rehabilitación.
Soro se ha reunido este martes con alcaldes y representantes municipales para presentar los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial por barrios y construcción de parque de vivienda social en un encuentro en el que también participó la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa. En este sentido, en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el proceso de consulta previa a los municipios «para conocer sus necesidades en esta materia».
A Aragón le corresponderán 33,3 millones de euros del monto total de ayudas a la rehabilitación para el año 2021, que asciende hasta los 1.151 millones en el panorama nacional. Dichas ayudas que forman parte de los polifacéticos fondos europeos, suponen para Aragón un 2,9% del total, dado que el reparto entre las comunidades autónomas se ha efectuado en función del número de hogares por autonomía en enero de 2020. Sin embargo, todavía se desconoce la cantidad para el periodo 2022-2026, que se distribuirá «según la eficiencia» con que cada autonomía desarrolle las actuaciones, dijo ayer Soro.
Seis líneas de ayudas
De los 33,3 millones, el consejero ha aseverado que las cuantías que se van a subvencionar «son muy altas» en comparación con iniciativas anteriores. El mínimo será el 40% del coste de la rehabilitación del edificio y podrá alcanzar el 80% en función del grado de reducción del consumo de energía primaria no renovable. En el caso de las familias vulnerables se sufragará el 100% del coste, lo que se traducirá en partidas de entre 8.100 y 21.400 euros por vivienda. Además, a cada oficina de rehabilitación, que desempeñarán funciones de asesoramiento para los interesados junto a los colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos, se destinarán 800 euros. Por otro lado, a la reurbanización de espacios públicos se destinará el 15% del total de estas inversiones.
Por parte del programa de construcción de viviendas públicas para alquiler social, asequible o cesión de uso sobre terrenos de titularidad pública se considerará válida la construcción de nuevas viviendas o la rehabilitación de edificios que ahora no están destinados a vivienda. A esta línea podrán acogerse inmuebles con al menos 50 años de vida que cuenten con sistemas de eficiencia energética para garantizar un consumo de energía casi nulo. Las ayudas podrán llegar hasta 700 euros por metro cuadrado útil sin superar los 50.000 euros por unidad.
Soro ha asegurado que esta es «una oportunidad única» para la rehabilitación integral de barrios y la lucha contra la pobreza energética. Además, ha afirmado que tratará de impulsar la puesta en el mercado del alquiler de viviendas que sirva para dar solución a la escasez de las mismas y que «sirva para regular el precio de mercado». Las fechas apremian a un trabajo rápido y eficiente. Las ayudas deberán estar comprometidas antes de diciembre de 2023 y las obras deberán haber terminado antes de junio de 2026.
