La subasta de renovables de Andorra ya está en marcha. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) abrió este miércoles el concurso para adjudicar 1.202 megavatios de potencia instalada, lo que supone la principal palanca del plan de reactivación económica de la zona tras el fin de la industria del carbón, el denominado de convenio de transición justa, que sigue a la espera de firmarse más de dos años después de que lo anunciara la ministra del ramo, Teresa Ribera. Las empresas interesadas ya pueden presentar las solicitudes para hacerse con una parte o toda la capacidad de evacuación de energía verde del nudo eléctrico Mudéjar (de 400 kilovotios), conocido como el enchufe de la central térmica, que quedó liberado tras su cierre hace algo más de un año.

Las instalaciones eólicas y fotovoltaicas que se pongan en marcha para dar salida a estos activos requerirán inversiones por encima de los 1.000 millones de euros y permitirán generar luz para alrededor de un millón de hogares.

Los proyectos ganadores se conocerán en un plazo máximo de ocho meses, según las bases reguladoras del proceso publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este marco de concurrencia competitiva, la asignación de los megavatios primará, como regla general, a las propuestas que tengan un menor impacto medioambiental y aporten más riqueza a los 34 municipios afectados por el cierre de la térmica, propiedad de Endesa.

Se trata del primer concurso de transición justa para otorgar el acceso a la red de transporte de electricidad. El concurso no precisa las inversiones que podría arrastrar, pero se situarán entre 1.000 y 1.500 millones de euros, en función de la tecnología que se emplea, según estimaciones del sector. El empleo temporal estimado en la fase de construcción de estas instalaciones renovables ronda los 4.800 puestos, mientras que de forma permanente se generarán unos 120 empleos en tareas de mantenimiento y operación una vez que las plantas entren en servicio.

Entre los criterios recogidos para el reparto, puntuarán la minimización de la afección ambiental y el impacto socioeconómico local. También primará el empleo generado, la formación de desempleados, la participación de inversores de la zona, el efecto de arrastre en la industria y en los servicios, así como el fomento del autoconsumo.

Con la subasta, cuyo borrador estuvo en información pública durante los meses de mayo y junio, el Miteco asegura que «cumple su compromiso» de que el convenio de transición justa de Andorra-Comarcas Mineras sea «el primero en desarrollarse». «El objetivo final es que el desmantelamiento de la térmica de Andorra suponga nuevas oportunidades de desarrollo económico, social y ambiental para la zona», asegura el ministerio.

Endesa, la favorita de la puja

Al concurso pueden presentarse proyectos formados por uno o varios módulos de generación de electricidad, que deberán utilizar fuentes de energía renovable, pudiendo incorporar instalaciones híbridas y sistemas de almacenamiento. Tendrán que estar ubicados en los 34 municipios incluidos en el convenio, con un máximo del 20% de la superficie total en municipios colindantes.

La propia Endesa es la más firme candidata en la puja para hacer realidad el macroproyecto renovable que impulsa, con el que pretende instalar 1.700 MW de potencia verde en la zona, fundamentalmente fotovoltaica. También suenan nombres como la aragonesa Forestalia, la eléctrica portuguesa EDP o la firma italiana Falck. 

Una reserva de 100 MW para pequeños proyectos y aval de 120.000 € por ‘mega’

Los promotores dispondrán de dos meses para presentar los proyectos a la mesa de evaluación del concurso, presidida por el Instituto de Transición Justa (ITJ) e integrada por el Miteco, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), el Gobierno de Aragón y la Federación Española de Municipios, entre otros. El fallo, incluyendo los plazos de audiencia, remisión de información justificativa y subsanación de errores, se producirá un máximo de seis meses después. Los aspirantes deberán presentar una garantía de 120.000 euros por megavatio para responder del impacto socioeconómico previsto por los proyectos. El ministerio reserva 100 MW restantes para pequeñas instalaciones de renovables que se conecten aguas abajo, en las redes de distribución, de modo que no afecten a la red de transporte.