La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido de manera inconcreta y abstracta a continuar avanzando en las grandes obras hidráulicas de la comunidad autónoma. Eso incluye las que crean controversia como Mularroya . Lo hizo ante los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, en la primera reunión de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua (la gran mesa de consenso creada en 1992 para debatir sobre la planificación hidrológica de la comunidad) desde que se constituyó el Gobierno central de coalición PSOE-Podemos, en enero de 2020. La ministra se ha comprometido además a convocar al menos una vez al año esta comisión de seguimiento, que hacía más de tres años y medio que no se reunía.

Muchas cosas han sucedido desde entonces. Desde un cambio de Gobierno central, (en aquel entonces gobernaba el PP y tenía un modelo hidrológico distinto) a otro cambio en el autonómico (con un gobierno cuatripartito que está dividido en cuanto a su posición respecto a los grandes pantanos y embalses), una configuración parlamentaria distinta, con nuevos grupos parlamentarios como Vox, y un nuevo plan hidrológico de cuenca, con un horizonte nuevo que tiene en cuenta nuevos criterios ambientales en un escenario de escasez de recursos y que tiene en cuenta con más precisión la contaminación difusa. De todo ello se habló en una reunión en la que no se produjeron anuncios concretos, ni siquiera se presentó a los grupos una relación detallada de la inversión y la ejecución en el Pacto del Agua. Eso sí, la ministra se comprometió a hacerlo llegar en los próximos días.

Actualización 

Ribera indicó que todos estos criterios ambientales (ya incluidos en el borrador del plan hidrológico del Ebro para el 2027, que además descarta poner en marcha nuevos grandes proyectos hidráulicos en la cuenca) se tendrán en cuenta en la actualización del pacto y de las obras que contemplan. Respecto al documento de 1992, más de 36 se han caído, y la ejecución de las grandes infraestructuras va más lento de lo esperado por los regantes y en muchos casos han sufrido diversos avatares judiciales, que han propiciado la paralización del embalse de Mularroya, el descarte de Biscarrués, y controversias respecto a Almudévar, Santolea y Yesa. La ministra eludió profundizar en el estado de estos pantanos, pero sí confirmó que «respeta» las decisiones judiciales pero también «el trabajo» que se está realizando, ya que muchas de ellas están a un nivel de ejecución elevado. «Seremos cuidadosos», indicó, al tiempo que admitió y vio como naturales que este tipo de infraestructuras produzcan polémica y posiciones contrapuestas en el territorio. Por ello, defendió el espíritu original del Pacto del Agua de Aragón, creado en 1992 y actualizado especialmente en los años 2006 y 2013, y aunque no fue explícita, sí anticipó que exige una actualización ante los desafíos del cambio climático, que produce escenarios «marcados por tendencias extremas» que incluyen periodos prolongados de sequías e inundaciones y advirtió de la necesidad de reducir la contaminación difusa, tanto por nitratos como por antibióticos, un grave problema en todas las cuencas hidrográficas y con especial incidencia en la del Ebro.

La ministra expresó que «hay una dispersión evidente» entre las previsiones de riegos en toda España y el territorio, es decir, que «hay mucha más demanda que agua para el total de España», de ahí la conveniencia de actualizar los proyectos, también en los planes hidrológicos, como el del Ebro, en fase de revisión y que ya advierte de muchas de las cuestiones que indicó ayer en Zaragoza, casi a nivel teórico y general, la ministra.

Quien tampoco dio muchos detalles pero sí hizo un anuncio importante a año y medio de que acabe la legislatura fue el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona. En los próximos días, señaló, convocará la Mesa del Agua de Aragón, en la que todos los grupos parlamentarios que quieran sumarse y los agentes implicados en la planificación hidrológica deberán adaptar y actualizar ese pacto. Sobre la mesa, aunque el consejero tampoco se pronunció, está encontrar una fórmula para compensar la paralización del embalse de Biscarrués, en el sistema de Riegos del Alto Aragón, y uno de los que más controversia genera. Las posiciones están muy divididas incluso en el Gobierno de Aragón, donde el PAR y el PSOE discrepan de_CHA_y Podemos.

Olona celebró que el 16% del presupuesto total de la Dirección General del Agua del Gobierno central esté destinado a proyectos en Aragón, lo que demuestra «el compromiso» del Gobierno central con la comunidad autónoma, según el consejero. Según señaló, en la reunión mantenida ayer el dirigente aragonés le trasladó a la ministra que será «exigente» para que el plan de cuenca recoja los compromisos del Pacto del Agua y sea «coherente» con él, al igual que, dijo, lo ha sido el Gobierno de Aragón al adaptar el volumen de regadíos a las demandas existentes de agua.

Cencerrada a las puertas

Una treintena de ganaderos y ganaderas convocados por la organización agraria UAGA se habían concentrado previamente a las puertas de las Cortes de Aragón en Zaragoza para recibir a Ribera, con una cencerrada en protesta a la política de conservación del lobo ibérico y reclamarle diálogo con el sector antes de la puesta en marcha de medidas que les afectan.

En declaraciones a los medios, el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, ha criticado la "nefasta política" que a su juicio está llevando a cabo la ministra, por legislar sin contar con el sector ni el medio rural y le ha recordado que para hacer frente a ese reto demográfico hacen falta agricultores y ganaderos que estén en el territorio.

Alcubierre ha denunciado los daños que en los cultivos están provocando la superpoblación de fauna silvestre como el conejo, jabalí o el corzo, a los que se suman los derivados de la conservación del lobo, los elevados precios de los insumos o incluso la política agraria común y es por lo que han reclamado a la ministra un pacto de diálogo con quienes pueblan el territorio y viven de la ganadería y agricultura.

"Somos conscientes de que hay muchas situaciones problemáticas" ha reconocido Alcubierre pero ha incidido en que "el descontrol" de la fauna silvestre, con entre diez y quince ataques este año en Aragón por parte del lobo, "está llevando a la desaparición de explotaciones familiares".

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José Luis Castell, presidente de la plataforma contra el oso y el lobo en Aragón, ha augurado que si los dirigentes "van por este camino, acabarán con la ganadería extensiva y con la poca gente que quedamos en los pueblos; los bosques se van a llenar de maleza y vendrán los incendios que lo arrasará todo y se quedarán sin monte, sin gente en los pueblos y sin lobos ni osos".

Castell ha recordado que en Aragón hace más de cien años que no ha habido lobos y "la vida ha seguido igual" mientras que con las medidas adoptadas "la ganadería extensiva y, en especial el ovino, están heridos de muerte".