En Aragón están censadas 392 fosas comunes de la guerra civil que se encuentran pendientes de excavación o se hallan en proceso de actuación. En estos momentos solo se está trabajando o se va a trabajar en una veintena de ellas, la mayoría en el cementerio de Belchite, donde se realizan labores en cuatro zonas diferentes, ampliables a otras tantas si se tienen en cuenta los enterramientos que el georrádar ha detectado en la parte exterior del camposanto. 

La excavación de Belchite, que ha generado una gran expectación mediática porque allí podrían estar los abuelos y tíos de Joan Manuel Serrat, posee un especial significado por la magnitud de la represión (podría haber restos óseos de más de 400 víctimas) y por las connotaciones que esta pequeña localidad tuvo en la historia de la guerra civil.

En el conjunto de Aragón, las labores de excavación, exhumación e identificación están siendo subvencionadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dependiente del Gobierno central, y por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la DGA, así como por la Diputación de Zaragoza en la provincia homónima. Los tres organismos colaboran y se implican en distinta medida en los proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad. 

Durante 2021 estas actividades relacionadas con la memoria histórica han recibido un fuerte impulso al contar con un presupuesto de 200.000 euros. Ahora están pendientes de apertura sendas fosas en Fayón (15 brigadistas internacionales de nacionalidad polaca), Quicena (milicianos caídos en el asedio de Huesca por las tropas republicanas) y Valderrobres.

Además, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza están actuando en lugares como Teruel y en los cementerios de Magallón, Luna y Farasdués, así como en Fuendejalón, donde el pasado 6 de septiembre fue declarado lugar de memoria la tumba de María Domínguez Remón, que fue la primera mujer que alcanzó el cargo de alcaldesa en la Segunda República, en su caso de la localidad de Gallur.

Asimismo, se trabaja en dos fosas del cementerio de Alcañiz. En una de ellas se hallan los restos de Francisco Zueco Ferrer, que fue víctima de la represión franquista en la posguerra. Esta intervención, llevada a cabo por el Colectivo de Historia y Arqueología Memorialista de Aragón (CHAMA) requerirá, como es regla habitual, la realización de las pruebas de ADN para comprobar la filiación. Se ha descubierto además en el mismo emplazamiento una segunda víctima que se halla pendiente de identificar. 

Otros lugares donde se están realizando actuaciones son los pueblos de Griegos (entre 18 y 20 soldados republicanos fusilados tras ser hechos prisioneros) y Mallén. En pueblos como Pomer y Caudé se está tratando de identificar, con financiación de la DGA, a cerca de 30 personas mediante el ADN. Entre estos últimos podrían estar los republicanos que fueron fusilados en la plaza del Torico el 28 de agosto de 1936, al tiempo que sonaba la música de una banda, en una demostración de grotesca crueldad por parte de los sublevados. 

Obstáculos insalvables

«Se considera que la localización, excavación y exhumación de fosas, así como la identificación de las víctimas es una actuación prioritaria», apuntan en la Dirección General de Patrimonio Cultural. «Es una cuestión de humanidad y de hacer por fin justicia, una justicia reparadora», subrayan. Y afirman que la urgencia está también justificada porque «la generación que vivió la guerra está desapareciendo». Pero los planes de exhumación se desarrollan «en medio grandes dificultades», advierten. Algunas fosas, afirman, resultan inaccesibles porque, con el paso del tiempo, o han desaparecido o han quedado sepultadas bajo el asfalto de calles, autovías y demás infraestructuras. Y, en los propios cementerios, los bloques de nichos y los andadores impiden nuevas aperturas o la ampliación de excavaciones en marcha.

Además, se dan casos de fosas destruidas deliberadamente para borrar las huellas de los crímenes, como sucedió en el barranco de la Bartolina, cerca de Calatayud. Por ello un gran número de las 392 fosas censadas en Aragón aguardan aún el momento de que salgan a la luz los restos de las víctimas. «Se puede decir que hay mucho trabajo pendiente en este ámbito», reconocen en Patrimonio Cultural.