La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha denunciado el suicidio de una mujer, que se quitó la vida el pasado sábado en Zaragoza y ha sido enterrada este lunes, después de reclamar en varias ocasiones su derecho a la eutanasia. De hecho, critican que ni su médica, ni los responsables de su centro de Salud (el de Torre Ramona) tramitaran su solicitud. Desde el colectivo reconocen que ha habido un «rechazo de la solicitud, un silencio total, de su médico y de su centro de salud», asegura una miembro del equipo de ayuda personalizada de DMD, y reclaman que «ninguna solicitud se quede en la papelera», porque «tenía derecho a que se le atendiera», porque «cumplía los requisitos» para pedirla.
Emilia arrastraba una luxación de cadera congénita, que con los años había ido sumándose a un grave deterioro de sus condiciones físicas sin posibilidad alguna de mejora; permanecía postrada en cama, encerrada en un piso sin ascensor, atendida por su familia, pero con dolores constantes.
Hasta hace 3 años, conseguía bajar a la calle, se manejaba con andador y, aunque tenía las extremidades inferiores inmovilizadas subía hasta su hogar gateando. Pero desde 2019 su vida se limitó a sofá-cama-sofá y algún breve movimiento por la casa.
Emilia M. M., de 83 años, tenía muy claro que quería morir, después de pasar tres años entre la cama y el sofá de su casa en Las Fuentes. De hecho, se había informado en numerosas ocasiones sobre la eutanasia, sobre todo a través de la trabajadora social quien le había ido contando cómo se encontraba la ley». Incluso «había intentado suicidarse dos veces», por lo que desde la asociación aseguran que para ella «la solución siempre fue el suicidio». Una vez que se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, empezó la tramitación, «pensando que iba a ser mucho más fácil». A principios de julio, Emilia presentó por primera vez la petición, pero su médico de cabecera no quiso tramitarlo. Quince días después, volvió a solicitarla y tampoco «nadie quiso cogérsela». Al final, la hija de Emilia, que le ha acompañado en todo el proceso, consiguió hablar con el coordinador del centro de salud, pero no logró entregarla. También llegaron a ponerse en contacto con gerencia, quién les dijo que iban a conseguir «un comité evaluador», que nunca se puso en contacto ni con la afectada ni con la familia.
Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón aseguran que la tramitación de este caso se encontraba «en la fase de búsqueda de un segundo facultativo, por parte de la Dirección de Atención Primaria del sector», para que se cursase la solicitud de la afectada, ya que su facultativo de referencia (médico de familia) se había negado a hacerlo. Además, señalan a este diario, que el departamento «va a extremar a la vigilancia para que se cumplan correctamente los plazos de la ley de la eutanasia, con la que se encuentra absolutamente comprometido».
«miedo profesional»
Desde la asociación entienden el «miedo profesional» a hacerse cargo de una situación semejante, sobre todo porque «se desconoce la ley» pero un médico tiene derecho a la objeción de conciencia por lo que otro debería hacerse cargo. En el Centro de Salud Torre Ramona, «ningún médico quiso responsabilizarse», aseguran. Lo único que han podido conocer es que el 4 de noviembre llegó la notificación a gerencia, pero a Emilia en ningún momento a ella le hicieron acuse de recibo.
