Expectación todavía en los ayuntamientos aragoneses después de que el Gobierno de España aprobase el real decreto que amparará el nuevo impuesto de la plusvalía. A falta de conocer y estudiar el texto minuciosamente, desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) destacan la «celeridad» de la ministra de Hacienda para sacar adelante la nueva norma.
Y es que desde que el Tribunal Constitucional declaró nulo el coeficiente que se utiliza para calcular la plusvalía, el pasado 26 de octubre, los ayuntamientos no han dejado de mirar de reojo al ministerio que dirige María Jesús Montero, expectantes con la alternativa que estaban diseñando para salvar la sentencia y para garantizar esta fuente de ingresos, la más importante junto al IBI para las entidades locales. Y la propuesta que se ha dado a conocer este lunes ha sido bien recibida por los consistorios aragoneses, aunque estos siguen reclamando un fondo de compensación para recuperar el dinero que no han podido cobrar durante estas semanas y hasta que la nueva figura sea una realidad.
Desde la FAMCP, su presidente, el también alcalde de Zuera, Luis Zubieta (del PSOE), ha alabado la rapidez del Gobierno de Pedro Sánchez que en cuestión de dos semanas has presentado una propuesta que otorga garantías jurídicas a los consistorio. Al menos a priori, porque señaló que todavía tienen que analizar el decreto que hoy se publicará en el Boletín Oficial de España (BOE) y que contempla dos opciones para calcular la plusvalía.
Zubieta ha destacado que con esta medida los consistorios podrán seguir tramitando un impuesto «esencial» y podrán hacerlo con «garantías jurídicas». «Es muy positivo que haya sido tan rápido porque los ayuntamientos estamos elaborando los presupuestos de 2022 y los ingresos por plusvalía son necesarios», ha explicado el presidente de la FAMCP, que recuerda que desde la Federación, y en representación de los alcaldes, han solicitado un fondo de compensación por las pérdidas que este periodo de impasse ha ocasionado en las arcas municipales, ya que los ayuntamientos acordaron dejar de tramitar y cobrarlo.
El impuesto sobre el incremento sobre el valor de los terrenos de naturaliza urbana nace tras 15 días de vacío legal y no tiene efectos retroactivos, es decir, las operaciones cerradas en este periodo de tiempo no deberán tributar este impuesto.
El Ayuntamiento de Zaragoza, que este lunes no ha entrado a valorar el Real Decreto-ley, fue el primero en anunciar la suspensión temporal. El varapalo para la capital aragonesa es cuantioso porque para el año que viene la titular de Hacienda, María Navarro, calculaba que se iban a ingresar por este concepto hasta 45 millones, y eso que los presupuestos están lejos de hacerse realidad. Aún así, son 10 más que los previstos durante 2021, de los que ya han cobrado 31. Toca esperar, todavía, a saber qué sucede con las 1.500 reclamaciones y que pueden ser muchas más.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, por su parte, ha pedido cautela. «Vamos a esperar a conocer el texto, pero espero que sea útil. Sería un atrevimiento valorarlo», ha asegurado Buj, que ha criticado que el Gobierno central haya tardo tres años en reformular este impuesto, desde la primera sentencia que ya advertía que los coeficientes utilizados para calcular la plusvalía no eran correctos, en 2017, porque estaba diseñado con una metodología que siempre daba como resultado un aumento del valor del suelo, incluso en momentos en los que los valores se desplomaron, como sucedió en la crisis inmobiliaria.
El alcalde de Huesca, el socialista Luis Felipe, ha vuelto a reclamar un fondo de compensación para que los entes locales no se enfrenten a unos presupuesto de 2022 con un agujero económico como consecuencia de la suspensión temporal del cobro del impuesto, que en el caso de la capital oscense es de «1,5 millones». «Lo que recoge la sentencia del Constitucional se venía diciendo desde 2017», ha afirmado el regidor, que aún así aplaudió la celeridad del Gobierno central.
