La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha defendido este jueves los ceses del director de Atención Primaria del sector II y del coordinador del equipo médico del centro de salud Torre Ramona, ya que ha considerado «una obligación» por parte de la administración «apartar de su cargo y de sus funciones» a las personas que «no han hecho posible o no han permitido» que la solicitud de la eutanasia se solicitara «en tiempo y forma».

Una medida que no ha sentado nada bien a los sindicatos médicos y que este jueves volvieron a poner de manifiesto en la inauguración del 34º Congreso aragonés de Atención Primaria, donde han coincidido Repollés y el presidente sindical, Leandro Catalán, la primera como invitada y el segundo como anfitrión.

La titular del Departamento de Sanidad ha respondido con los dos ceses a los «impedimentos o retrasos muy importantes» que se dieron en la petición de muerte digna de Emilia, una zaragozana de 83 años, que la había solicitado en dos ocasiones. El retraso en la adjudicación de un segundo facultativo que se hiciera cargo de su caso, tras declararse objetora de conciencia su médica de referencia, provocó que Emilia se suicidara el pasado sábado lanzándose desde la ventana de su domicilio. La mujer sufría una luxación de cadera congénita, agravada por el paso de los años, lo que le provocaba grandes dolores. Además, desde hace tres años no salía de casa a causa de la enfermedad.

Repollés ha dejado claro que la Ley de Eutanasia, que está en marcha desde el 25 de junio, es «un derecho del ciudadano» y la administración sanitaria «tenemos la obligación de hacerla cumplir». Sin embargo, sí que ha reconocido que se trata de una norma «nueva y compleja en sus procedimientos», por lo que desde el departamento se volverá a realizar un «refuerzo formativo» para que los profesionales realicen esta prestación y adelantó que seguirán trabajando para «conseguir que todos los ciudadanos tengan acceso a ese derecho».

Preguntada por si conocía otra posible dilación en la tramitación de la eutanasia, como ya ha manifestado la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), ha señalado que «no se ha detectado ningún otro caso de posible retraso» pero ha reconocido que se estará «vigilante para llevar una monitorización de cada uno de los casos».

Por su parte, Leandro Catalán ha insistido, como ya había hecho un día antes, en que «la responsabilidad la tienen que asumir los mandos directivos y el coordinador de un centro de salud no sé hasta qué punto lo es». Por eso, ha reiterado la necesidad de que ante una nueva ley debe haber «un procedimiento a seguir» porque «no existe un protocolo para saber dónde hay que dirigir al paciente cuando hay una objeción de conciencia». El presidente de los sindicatos de Médicos de Atención Primaria cree que este debe estar incorporado en el sistema informático porque «queremos que esté todo claro para poder ayudar al paciente y contribuir a que esté en las mejores condiciones posibles», concluido.