Aragón presenta un grave desequilibrio demográfico, con un 15,6% de los habitantes repartidos en 674 municipios que ocupan un 92,2% de la superficie de la comunidad. En cambio, la población urbana se concentra en 14 localidades que abarcan solo el 1,9% del territorio, aunque 7 de cada 10 personas tienen su residencia en estas, es decir, el 70,8% del total.
Por lo que respecta a la población de las áreas intermedias, que suma el 13,6%, tiende a reducirse, con un descenso del 9,7% en la última década. Un fenómeno que también afecta con fuerza a las zonas rurales, que han experimentado una pérdida de población del 8,7% en los últimos diez años. Paralelamente, en el mismo periodo de tiempo, el número de residentes de las ciudades aragonesas se ha incrementado en un 2,3% desde el año 2010.
Con todo, el panorama general resulta desalentador, pues Aragón tiene como rasgo distintivo su baja densidad de población, del orden de 27,9 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 106 de la media europea y los 94 a nivelo nacional.
Además, esos casi 28 habitantes por kilómetro cuadrado suponen un porcentaje que no refleja la realidad dado que reparte por las tres provincias, entre el Pirineo y la sierras del sur de Teruel, la población concentrada en la parte central del valle del Ebro y, especialmente, la residente en la ciudad de Zaragoza, que supone más de la mitad de la comunidad, con un 51,3%.
Una ley a la medida
De hecho, únicamente siete comarcas aragonesas, de un total de 33, se sitúan por encima de los 24 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que 17 de ellas alcanzan una cifra igual o inferior a los 12,5, lo que las cataloga, según la terminología oficial, como desiertos demográficos o zonas escasamente pobladas.
Estos datos, que revelan una preocupante evolución demográfica en la comunidad, están recogidos en el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural de Aragón, que data del pasado mes de marzo y fue elaborado por el Consejo Económico y social de Aragón (CESA).
El documento legal, que determinará el enfoque de las políticas para revitalizar las zonas rurales, contempla una fiscalidad diferenciada en los pueblos y que podrá consistir en una incentivación con diferentes niveles de beneficios fiscales. Se trata de una reivindicación que ha cobrado fuerza estos últimos años y que tiene como objeto otorgar a las áreas menos pobladas una herramienta que facilite el asentamiento de nuevos pobladores mediante la reducción de la carga impositiva y la simplificación de trámites burocráticos.
La normativa en fase de creación consta de 97 artículos y enumera una serie de planes que deben favorecer la llegada de personas de otras partes gracias a las ayudas al emprendimiento, la aplicación de bonos de impacto rural, la puesta en marcha de una plataforma en línea para la prestación de servicios de información y asesoramiento o el desarrollo del programa de relevo generacional.
Otros puntos del texto legal giran en torno al plan de digitalización, el programa denominado Academia Rural Digital, la articulación de laboratorios de innovación rural y el inicio del procedimiento para elaborar del plan de gestión territorial de dinamización económica y social.
