La Cámara de Cuentas pide reforzar la administración electrónica

La Cámara de Cuentas de Aragón considera que las diputaciones provinciales no prestan adecuadamente los servicios de administración electrónica, aunque reconoce la asistencia y cooperación que ofrece la de Huesca a los municipios de menos de 1.000 habitantes. No ocurre lo mismo, sin embargo, con los de mayor población (27 entidades de entre 1.000 y 20.000 habitantes que concentran el 70% de los habitantes de la provincia), que han tenido que afrontar con sus propios medios la adaptación a la administración electrónica.

Así lo refleja la Cámara de Cuentas en su informe sobre la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de población inferior a 20.000 habitantes, en el que revisa el cumplimiento por parte de las diputaciones provinciales aragonesas de su obligación legal de prestar asistencia en materia de administración electrónica y contratación centralizada a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

Los nueve ayuntamientos analizados con población comprendida entre 10.000 y 20.000 habitantes presentan un bajo grado de digitalización en la gestión de impuestos y moderado en el resto de los procedimientos que, salvo los relacionados con subvenciones y ayudas, no pueden tramitarse telemáticamente en todas sus fases, apunta la Cámara de Cuentas.

Los auditores han concluido que «ninguna de las tres diputaciones tiene documentos de planificación para la implantación en los municipios de los servicios relacionados con la administración electrónica, ni realiza seguimiento sobre necesidades o carencias al respecto». Por tanto, la opinión de auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la asistencia y cooperación efectuada por las diputaciones provinciales a los municipios aragoneses de menos de 20.000 habitantes para los servicios de administración electrónica y contratación centralizada es «desfavorable».

Por diputaciones provinciales, el detalle de la fiscalización revela que las de Zaragoza y de Teruel no prestan servicios de administración electrónica y contratación centralizada a sus municipios, por lo que cada uno de ellos ha abordado la implantación de la administración electrónica con sus propios medios. Mientras los municipios zaragozanos pueden sufragar los gastos de software con cargo al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), los turolenses han abordado este gasto con cargo a sus propios presupuestos.

Distinto es el caso de la Diputación de Huesca que, desde 2013, ha asumido los costes de implantación y mantenimiento del software necesario para la administración electrónica de los municipios de menos de 1.000 habitantes, un total de 509.000 euros, hasta el año 2020. Sin embargo, 27 localidades de entre 1.000 y 20.000 habitantes no han podido acogerse a esta posibilidad y han afrontado con sus propios medios la adaptación a la administración electrónica. Actualmente, la Diputación de Huesca sí ofrece a todos sus municipios la posibilidad de acogerse a un programa alternativo.

El análisis en los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes muestra falta de planificación, escasez de recursos y desigual implantación de servicios.