“Cuando una persona se jubila no termina nada” sino que comienza una nueva etapa que puede ser “muy fructífera” en la que tiene además mucho que aportar. Así lo consideran la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Noelia Carbó, que esta mañana han presentado el Plan del mayor. Generación de cambio, que cuenta con 49 medidas(29 nuevas y 20 ya puestas en marcha) y una financiación extra de 66,7 millones de euros entre este mismo año y 2023, cifra que se suma a los casi 190 millones que actualmente destina el departamento a los mayores. Los beneficiarios de este proyecto serán unos 204.101 aragoneses, ya que viendo la pirámide poblacional dela comunidad; actualmente el 20% de la población aragonesa tiene más de 65 años y la previsión es que en 2035 sea del 28,5%.

Las grandes líneas de actuación de este Plan del mayor en Aragón sería el incremento de infraestructuras, gracias al fondo de residencias, que implicará la construcción de dos centros de mayores nuevos, uno en Ateca y otro en Valdefierro, con una inversión global de 27,9 millones de euros; la reorganización de las residencias, creando “unidades de convivencia” que permitan que los residentes se “sientan como en su casa”; la implantación de un nuevo modelo de gestión y atención residencial; la modificación del decreto de prestaciones de la dependencia para agilizar procesos, o la puesta en valor del papel social de los mayores para que “sean protagonistas” de los cambios, según ha reconocido Broto. Todo ello para adaptar la “política” de atención de los mayores a una “nueva generación” y que además, esa estrategia esté “centrada en las personas”. El objetivo es, según la consejera, la “prevención de autonomía y la permanencia en el entorno”. Y para lograrlo, además de dar protagonismo a los mayores, se quiere garantizar la protección de los que se encuentren en situación de vulnerabilidad, prestar una atención continuada a las personas y a sus familias y generar un sistema público de servicios sociales.

La construcción de los complejos residenciales multiservicios en Valdefierro (en el antiguo centro de menores del Buen Pastor) y en la localidad zaragozana de Ateca contarán con 236 y 60 plazas, respectivamente, aunque estarán abiertas a toda la comunidad. La primera constará de residencia, viviendas tuteladas y servicios comunitarios y contará con una inversión de 21,4 millones de euros. La de Ateca, construida en una parcela  cedida por el consistorio del municipio tiene un presupuesto de 6,5 millones de euros. Se trata de proyectos innovadores que buscan ser eje de un “nuevo modelo de cuidados, con espacios comunes”, centros de día, y “flexibilidad para los servicios y otros cuidados” como lavandería, cocina, peluquería, etcétera.

En cuanto a la reorganización de los centros residenciales creando unidades de convivencia, el objetivo es lograr que los usuarios se sientan “como en casa” y afectará tanto a los públicos como a los que tienen plazas concertadas. Con una inversión de 12,5 millones de euros procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia, se adaptarán esas residencias (250 plazas) para que sean lo más parecido a un hogar. Se trata de que desaparezcan los grandes espacios comunes y se formen grupos pequeños de unas 15 personas y la “atención se adapte” a ese grupo, lo que implicará también formación para los profesionales. Las obras se van a llevar a cabo en los centros de Borja, Utrillas, Albarracín, Javalambre, Sagrada Familia, Ciudad de Huesca, Romareda, Hogar Doz de Tarazona y el Centro Asistencial de Calatayud.

Además, también habrá financiación (13 millones de euros) para la remodelación de centros con plazas concertadas que llegará a 71 entidades locales,  40 sociales y 35 mercantiles.

A grandes rasgos, el resto de medidas, desgranadas por Noelia Carbó, implican modificar la imagen que la sociedad tiene de las personas mayores, con la novedad de la promoción de herramientas digitales y el aprendizaje de su uso, la modernización de los sistemas de comunicación, la mejora de la información sobre servicios sociales, y el mantenimiento de la red de hogares, el fomento del asociacionismo o el programa de envejecimiento activo, entre otras.

Para garantizar la protección de los mayores en situación de vulnerabilidad se promocionará la asistencia técnica a comarcas con un sistema de detección precoz y atención personalizada que “busque evitar la dependencia o la soledad no deseada”, la creación de una fundación tutelar, la investigación de las redes de apoyo, así como mantener el teléfono del mayor (900 25 26 26).

La atención continuada a usuarios y familias pretende “prolongar la estancia de los mayores en sus hogares” y gestionar centros de proximidad con la novedad de la adaptación de los servicios tecnológicos, subvenciones para la accesibilidad universal a la vivienda y proyectos comunitarios, manteniendo la teleasistencia domiciliaria, que actualmente alcanza a casi 21.100 personas, la ayuda a domicilio, centros de día o formación a cuidadores, entre otros

La última línea de actuación es crear un sistema “justo, “eliminando burocracias”, señaló Carbó, con la implantación de un nuevo modelo de, que facilite las revisiones de dependencia para su mejora y agilización de trámites administrativos, la actualización de la normativa de calidad de los centros, y la participación de las personas mayores en la planificación.