La falta de viviendas disponibles para nuevos pobladores en el medio rural, una legislación que no discrimina de manera positiva a los emprendedores que quieren abrir sus negocios en un pueblo o las dificultades de conexión a Internet y de cobertura móvil son, para los presidentes de las tres diputaciones provinciales aragonesas, los grandes retos en la lucha contra la despoblación.
La revitalización del medio rural no pilla por sorpresa ni a Miguel Gracia (Diputación Provincial de Huesca), ni a Juan Antonio Sánchez Quero (Diputación Provincial de Zaragoza) ni a Manuel Rando (Diputación Provincial de Teruel).
Las instituciones provinciales llevan «décadas» trabajando por mantener servicios y actividades en los pueblos. Por eso, por un lado celebran que ahora «todo el mundo hable de despoblación», y por el otro, reclaman pasar de la charla a las acciones concretas. Así lo reclamaron en las Jornadas de Revitalización del Medio Rural organizadas por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la sede de la Caja Rural, en Zaragoza.
«Tenemos que dejar de hablar tanto de despoblación y pasar a la acción. Es lo que espera la gente que vive en los pueblos», resumió el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.
La recuperación de los pueblos
«Ayer (por el lunes, en la jornada del Gobierno central en Teruel) nos preguntaron si había que dar por perdidos algunos pueblos. Yo pienso que no. En cada pueblo, sus vecinos son los que tienen que ponerlo en valor. Cuando hay voluntad, eso sale. En Huesca, 33 pueblos abandonados han vuelto a cobrar vida», recordó Miguel Gracia, que además de presidir la DPH es el responsable del área de Despoblación en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sin ir más lejos, indicó Gracia, el ejemplo de Ascaso, en la Comarca de Sobrarbe. «Con el festival de cine más pequeño del mundo, una idea que ha cuajado, han llegado las grúas y las viviendas», afirmó.
Para él, otro de los debates que no se puede esquivar para garantizar el futuro de los pueblos es el de lograr una legislación diferenciada. «Para abrir un estanco o una farmacia, se piden por ley los mismos metros cuadrados en un pueblo pequeño que en la ciudad de Zaragoza», lamentó, al tiempo que recordó que las grandes ciudades de más de 75.000 habitantes reciben 400 euros por vecino, frente a los 200 de los municipios más pequeños. Gracia consideró que por diferencias como esta en la financiación «ayuntamientos como el de Zaragoza se puede permitir quitar impuestos, mientras las pequeñas localidades no lo podemos hacer».
El reto de la vivienda
«Para mí, ahora el mayor problema es el de la falta de vivienda», añadió Manuel Rando, alcalde de Calamocha y presidente de la DPT. «Hay mucha vivienda para rehabilitar en los pueblos, hay una esperanza de que van a llegar fondos, pero muchas de esas viviendas resulta que tienen 12 propietarios y hay muchos problemas para que las administraciones locales se puedan hacer con ellas», reconoció.
Además, Rando reclamó una financiación «justa» que permita prestar todos los servicios. «Es hora de pensar en una ley para que los ayuntamientos reciban el dinero suficiente para dar el servicio a sus vecinos».
Evitar la «exclusión financiera», añadió Sánchez Quero, debe entrar en la agenda. Y Gracia insistió en que «no pedimos más dinero, sino simplemente lo mismo». El compromiso de las diputaciones, insistieron, sigue intacto para mantener la vida y los servicios en los municipios.
