No es la primera vez que las ayudas directas a la hostelería sacan a relucir las diferencias que existen entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Costó en sus inicios, cuando Javier Lambán anunció en marzo su plan de 50 millones. Entonces ambas instituciones tuvieron más de un rifirrafe hasta que alcanzaron un acuerdo sobre la cantidad que la ciudad debía aportar, pero se logró. Ahora, seis meses después, ha vuelto a estallar la polémica.

El vicepresidente de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, han anunciado que tendrán que prorratear las ayudas a la hostelería en Zaragoza y Teruel porque los ayuntamientos han decidido aportar menos del 20% exigido. Eso sí, dejó claro que se pagarán este año.

Según Aliaga, a Zaragoza le tocaría poner 4.172.000 euros para cubrir el 20% de las peticiones, que en la capital ascienden a 21 millones. El 8 de noviembre, según informaron desde Industria, se envío un requerimiento al consistorio informándole de que la cuantía que le correspondía era de 4,1 millones. En la respuesta municipal se indicaba que su aportación sería de 3,4 millones, 200.000 euros menos de los acordados en mayo. El aumento de la cantidad final, no obstante, se debe a que los «expedientes presentados son mayores que las que tenían previstos», explicó Aliaga, que corresponderían a esos casi 800.000 euros de diferencia.

"Mal pagador"

Hasta aquí la versión del Ejecutivo aragonés porque la del ayuntamiento es bien distinta. Según el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la razón que esgrime Aliaga para justificar el retraso en el pago de las ayudas no es más que una «excusa de mal pagador». «Es inconcebible que haya 50 millones para la hostelería y que en la DGA no hayan sido capaces de repartir ni un solo euro», ha lamentado el primer edil.

Según fuentes de Alcaldía, durante las negociaciones que se desarrollaron en julio entre el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, y la responsable municipal de Economía, Carmen Herrarte, se acordó que la DGA abonaría primero los 3,4 millones que debía por el IBI de los edificios de la Expo (por mandato judicial) y, una vez hecho, el ayuntamiento iniciaría la maquinaría para abonarle los 3,4 millones acordados.

Fuentes de Alcaldía aseguran que el último ingreso desde la DGA se recibió el 1 de octubre y que el día 3 iniciaron el expediente para la modificación de créditos necesaria para poder realizar el pago de las ayudas. Un proceso que administrativamente exige dos meses de plazo, por lo que en la próxima sesión plenaria del día 26 se aprobará.

Añaden que el 15 de noviembre recibieron por correo electrónico el convenio que se firmará la semana que viene entre ambas instituciones, también con la de Teruel y Huesca. Es decir, que hasta que no se firme, dicen los entes locales, no se puede hacer la transferencia.

Desfase

Respecto al desfase de casi 800.000 euros, aseguran desde Alcaldía que el ayuntamiento primero tendría que hacer otra modificación de crédito y que, dadas las fechas, no podrá aprobarse antes de final de año. Por lo que instan a la DGA a que adelante la cantidad y se alcance un acuerdo de compensación. Más, añaden, teniendo en cuenta que dejarán de ejecutar «5 millones» de los previstos inicialmente para este fin.

En Teruel

En Teruel sucede algo similar. Desde Industria explican que el 8 de noviembre indicó que la cuantía que debía aportar para alcanzar el 20% de las ayudas solicitadas era de 381.900 euros y que el consistorio aceptó abonar 356.000. La alcaldesa turolense, negó que vaya a aportar menos de que lo deben. «Que no cuente falsedades o medias verdades el señor Aliaga. El ayuntamiento ha puesto el 100% del dinero para su hostelería y para todos aquellos negocios afectados por estas ayudas que se ejercen en el término municipal de la ciudad», ha asegurado la regidora, que ha criticado que la DGA pretenda «pagar las pérdidas de las estaciones de esquí de Valdelinares y Javalambre».