La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la violencia se puede predecir y prevenir. Bajo esta premisa la Secretaría de Estado de Seguridad dictó en 2007 una instrucción para poder llevar a cabo la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer, que acabaría denominando Sistema Viogén. La idea era la de adoptar medidas de protección de forma individualizada a partir de realizar un examen sobre el riesgo existente para graduar las medidas aplicables a las distintas situaciones que puedan presentarse. Ahí se creó un cuestionario que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan a las víctimas y que hace encender el semáforo entre diferentes riesgos: de bajo a extremo. En el 2019 se actualizó y en la actualidad el Ministerio del Interior e Igualdad trabajan en mejorar.

El momento de realizar el análisis es nada más interponerse la denuncia. El policía nacional o el guardia civil realiza un cuestionario en el que la víctima tiene que responder sí o no y es el propio sistema, sin valoración del agente que está realizando las preguntas, el que determina el nivel de peligro en el que está la mujer y, por lo tanto, las medidas a tomar de cara a su protección.

¿Le fuerza a realizar sexo? ¿Presenta algún tipo de adicción o conductas de abusos de tóxicos? ¿En los últimos seis meses muestra conductas de control? ¿Presenta ideas o intentos de suicidio? ¿Ha empleado armas u objetos?... Y así hasta completar las 39 preguntas en las que se analiza la gravedad del episodio violento, factores relacionados con el agresor como puede ser el consumo de alcohol y drogas, la vulnerabilidad de la víctima, si ha habido incumplimiento de disposiciones judiciales, cómo es el agresor, cómo se comporta y cuál es su percepción del riesgo. Todo ello se pregunta y dependiendo de la respuesta de la denunciante el sistema dice en qué situación está la mujer.

No obstante, como señalan los autores de este protocolo, único a nivel internacional, la estimación «no descansa en una mera máquina, sino que el sistema permite que los agentes policiales, que son los que mejor conocen los casos por haberlos investigado en profundidad, puedan corregir el resultado automático del protocolo de valoración de riesgo cuando cuenten con información que así lo aconseje». Fruto de ello en estos momentos en Aragón, según datos del Ministerio del Interior, 1.159 casos activos de los que 709 mujeres su nivel de riesgo fue considerado no apreciado; otras 707 que se les consideró de grado bajo; 173 de tipo medio, otras 9 cuyo peligro es considerado alto y una en riesgo extremo.

Esta clasificación deriva en que los agentes pertenecientes a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y los del Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil, principalmente, aunque algunos cuerpos locales también hacen estas labores, protejan de una forma u otra a estas mujeres.

A la mujer que está en nivel extremo, los agentes realizan un control intensivo de los movimientos del agresor, se realiza una protección permanente de la víctima a la que incluso se vigila de forma presencial con, por ejemplo, una patrulla en la puerta del domicilio, y también en los centros escolares de los hijos de la víctima. En el alto el control de los movimientos del agresor es aleatorio y suele trasladarse a la víctima a un centro de acogida, casa de un familiar u otro domicilio en los casos en los que no se haya localizado al agresor.

En grado medio el traslado de la víctima solo se realiza si procede. Los agentes realizan un control ocasional de la víctima, acompañan a la víctima cuando consideren que puede haber riesgo y se insta a Fiscalía al seguimiento obligatorio del agresor con dispositivo telemático.

Luego están los dos escalones mayoritarios: el riesgo bajo y el no apreciado. En el primero de ellos, se facilita a la víctima teléfonos de los cuerpos de seguridad que estén operativos las 24 horas, así como puntos de información. Cada mujer tiene un agente asignado que comparte con otras, si bien estos realizan de forma habitual contactos telefónicos o personales con la víctima. Pero a las labores de protección añaden la obligación de indagar sobre las resoluciones judiciales que puedan suponer un peligro para la víctima (custodia, visitas y acompañar a la víctima a recoger sus pertenencias)

Las 709 mujeres con riesgo no apreciado no están desamparadas, ya que los agentes tienen una información actualizada con el fin de garantizar la seguridad de la víctima y también facilitan medidas de autoprotección.

Vuelta a la convivencia

Pero el Sistema Viogén no es estanco e integra un conjunto de indicadores enfocado a explorar el episodio violento o las características del quebrantamiento con el objetivo añadido de reducir la multirreincidencia. Estos casos representan el 10% de la reincidencia crónica y que el 61,2% de los casos tienen orden de protección judicial. Cuando está en riesgo extremo se revisa todo antes de las 72 horas; en riesgo alto antes de los 7 días; con nivel medio cada 30 días y en bajo cada 60 días.

En un buen número de casos, se ha encontrado que la víctima reanuda la convivencia con un agresor al que había denunciado con anterioridad. En estas ocasiones, el protocolo policial de valoración de riesgo incluye este tipo de conductas como indicadores a favor de la existencia de riesgo y de la necesidad de mantener la protección y ayuda a los agentes a detectar fehacientemente este tipo de situaciones con notificaciones automatizadas cuando coinciden los domicilios de víctima y de agresor. Los agentes saben que algunas víctimas pueden no ser plenamente conscientes de los riesgos que corren al seguir en contacto con sus agresores, dificultando en ocasiones las actividades de protección policial, por lo que en esos casos se extrema el seguimiento, en un delicado equilibrio entre el derecho de la víctima a su intimidad y a no verse «agobiada» policialmente, y el convencimiento policial de que su situación es de riesgo.

En Aragón, 28 mujeres han muerto a manos de sus parejas y exparejas desde el 2003, año en el que comenzó a contabilizarse la lacra de la violencia machista, dejando huérfanos a diez menores. En este 2021 han sido asesinadas dos, Katia en Zaragoza y Hasna en Barbastro. A la primera el sistema Viogén clasificó su caso como riesgo bajo y había vigente una orden de alejamiento por malos tratos, si bien la víctima acudió a la casa de su verdugo. En el caso de Hasna, su asesino aprovechó el fin de la orden de alejamiento para matarla frente a sus hijos.