El aumento del precio de los combustibles se ha convertido en un lastre para la recuperación del sector del transporte en Aragón tras la crisis del covid, lo que unido a un descenso en la actividad por la falta de microchips en la industria ha sumido a las pymes de la comunidad en una situación «muy complicada».

Así lo afirma José Antonio Moliner, presidente de Tradime Aragón, asociación que representa a más de 700 pequeñas y medianas empresas transportistas aragonesas. «La gasolina ha subido un 30%, lo que para un tráiler puede suponer hasta 1.400 euros más de gasto al mes», calcula el representante aragonés. 

A esto se añade el incremento de otros productos como el aditivo AdBlue que necesitan los vehículos diésel para circular sin contaminar y el encarecimiento de componentes, como los neumáticos, hasta un 14% según datos de Tradime.

«Las empresas no pueden repercutir todas estas subidas en los costes del servicio porque los márgenes comerciales están ya muy ajustados», explica el presidente de Tradime. Algo que achaca a la fuerte competencia que existe en un sector por otra parte de vital importancia, como ha quedado demostrado recientemente con la crisis de desabastecimiento de algunos productos en el Reino Unido debido a falta de camioneros por el Brexit.  

Calidad y servicio

Moliner cree que en España no existe un riesgo real de llegar a esta situación por el déficit de mano de obra, aunque sí «hay que ser conscientes de la situación actual del sector, y el Gobierno no puede mirar para otro lado», advierte el responsable de Tradime Aragón, para quien prácticas fraudulentas como el dumping social o las falsas cooperativas de trabajo han provocado una bajada de precios en el sector, y las empresas que son competencia desleal han ocupado nichos que no pueden cubrir los transportistas locales.

«El transporte es una actividad esencial para la economía y no puede quedar en manos de cualquiera, tiene que ser una actividad reconocida –proclama Moliner. Debemos brindar un servicio de calidad».

No obstante, la situación que atraviesan los transportistas podría cambiar el próximo mes de marzo con la entrada en vigor de la nueva normativa de movilidad europea, que entre otras cosas obliga a los vehículos pesados a realizar una carga mensual en el lugar donde tienen su matriculación, lo que según Moliner hará que «muchas empresas no puedan operar aquí».

Por ello, el portavoz de las pymes aragonesas pide un transporte digno y unos precios justos que sirvan para atraer profesionales al sector. En este sentido, recuerda una de las grandes reinvidicaciones de Tradime Aragón como es el adelanto de la edad de jubilación de los camioneros, que podría ser «un atractivo» ante una posible carencia de profesionales.