Hace meses que se oyen los tambores de guerra en las distintas comunidades, prácticamente desde que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, anunció que había llegado la hora de abordar la nueva financiación autonómica. Fijó la fecha de la propuesta en noviembre, así que unos y otros se apresuraron a mover ficha, organizándose en bloques con problemas comunes a la espera del anuncio ministerial. Este se retrasará de momento, según informó la semana pasada la propia titular de la cartera, que anunció de paso que llevará unida una reforma fiscal.
Poco se sabe de ese nuevo plan, ni siquiera los ocho presidentes multicolor que hoy se reúnen en Santiago: Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), La Rioja (PSOE), Extremadura (PSOE), las dos Castillas (PSOE y PP) y Aragón (PSOE). Ninguno, dicen, ha visto un borrador con las intenciones del Gobierno central.
De momento, el frente del Norte busca aglutinar peticiones y derechos en un documento que sirva para influir en la determinación última de Montero. Se supone que, al reunirse sobre una misma idea tal cantidad de territorios, los planteamientos adoptados tendrán más fuerza cuando llegue la convocatoria del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La España despoblada: 11,5 millones de habitantes, el 62% del territorio español
¿Qué exigen estas ocho comunidades que suman 11,5 millones del total de la población y ocupan un 62% del territorio? Una financiación que implica en sí misma un nuevo modelo de país donde derechos y obligaciones sean iguales para todos, lo cual implica que la financiación de los servicios públicos sea equivalente. Lambán entiende que es fundamental «saber cuánto cuesta prestar los servicios».
Así, este bloque entiende que se debe tener en cuenta, sobre todo, el retroceso poblacional; el envejecimiento general, que aumenta los costes sanitarios y sociales; y la dispersión geográfica, que dificulta el mantenimiento de los servicios.
En contraposición aparecen otros frentes, sobre todo el que ha alineado a Valencia, Andalucía y Murcia, que aboga por corregir lo que entienden como una infrafinanciación histórica y exige en los criterios de reparto un modelo por población ajustada, recalculando las peculiaridades del coste por habitante e incluso el impacto de población flotante.
Más allá quedan las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares), que se consideran perjudicadas por el sistema actual. Defienden que son las que más aportan y menos reciben. Es decir, quieren que se tenga en cuenta el denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación. Por último, quedan el País Vasco y Navarra, que cuentan con su propio concierto económico y no les hace falta preocuparse por este asunto; y Canarias con su insularidad.
Según han precisado algunas fuentes, el documento que saldrá de Galicia está casi perfilado y aborda extremos como el déficit de financiación, además de remarcar que el último modelo data de 2009 y quedó caducado en 2014. Entienden las ocho autonomías que se verán las caras en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago que si el objetivo es garantizar la suficiencia financiera del estado del bienestar, las comunidades deben respetar el gasto público total gracias a un esfuerzo que debe hacer el Estado. Es previsible pues que en Santiago se ratifique el acuerdo entre los territorios que comparten esa visión y que siempre han planteado que es un problema de doble cara: financiación y despoblación.
Respecto a la diferencia de posiciones entre las comunidades a la hora de primar unas u otras variables, Lambán cree que, más allá de esta reunión, todas las comunidades estarán de acuerdo en que, independientemente de los criterios de reparto del dinero, la financiación en sí misma es «insuficiente radical y manifiestamente». El presidente aragonés pone como ejemplo que los presupuestos de todas las comunidades se ven mermados año a año a la hora de sostener los tres pilares del estado de bienestar que dependen de las comunidades: educación, sanidad y servicios sociales, donde los gastos son crecientes y queda escaso margen para la inversión.
Solución "a corto plazo"
«O bien se toman medidas radicales desde el punto de vista de la financiación o llegará el momento en que las comunidades directamente no podrán prestar esos servicios. En esto el Gobierno de España nos tendrá a todos en la misma posición de reclamar una solución a corto plazo, incluso para 2022», explica Lambán, que concluye: «Nadie puede recibir menos dinero cuando salga del que disponga al entrar en la negociación».
El cálculo de revisión del sistema que diera satisfacción a todos no sería menor a unos 18.000 millones, calcula Lambán. Sea como sea, la España despoblada promete guerra hasta el final. Ya ha propuesto el siempre combativo Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que la próxima reunión se celebre en Toledo. «Para que les quede claro que no vamos a parar».
