El consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, anunció pocos días antes del confinamiento por la pandemia, en febrero de 2020, que se crearía una mesa de diálogo para actualizar y buscar nuevos acuerdos dentro del Pacto del Agua de 1992 y revisado en 2020. Más de 20 meses después, ayer se constituyó esa mesa de once miembros que tratarán de aunar posturas tan irreconciliables como las de los regantes y los afectados por los grandes embalses. Partidos como el PP y Vox, el Ayuntamiento de Teruel o la asociación de entidades locales del Pirineo mostraron sus objeciones por diversos motivos, al igual que Coagret y las entidades ecologistas. A pesar de ello, todos dieron un voto de confianza a esta mesa, que nace «sin vetos ni líneas rojas», según señaló Eugenio Nadal, expresidente de la CHE al que se le ha encomendado la misión «de mediar» entre los once integrantes de esta mesa, que nace sin propuestas previas pero sí con claras diferencias de criterio en la planificación hidráulica de la comunidad autónoma. El principal escollo, los grandes embalses de la comunidad y la búsqueda de una alternativa al de Biscarrués que contente a Riegos del Alto Aragón y las plataformas que se oponen a un gran embalse por su impacto. Nadal señaló que «la idea es aparcar las ideas más difíciles para poder alcanzar el mayor acuerdo posible».

Los once integrantes de la mesa que preside Nadal aúnan, según él mismo señaló, once sensibilidades distintas pero a todas les une «el bien de Aragón». Integran este grupo el experto Álvaro Enrech, los representantes agrarios Fernando Luna y José Manuel Penella, por los afectados por grandes embalses Julián Ezquerra y por los regantes el responsable de Jalón Vivo Jesús Ángel Lamuela, las entidades conservacionistas estarán representadas por Luis Tirado, también forma parte el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos Javier Mozota, por Podemos Charo Giménez, por el PSOE, Darío Villagrasa, y Joaquín Palacín por CHA. Precisamente la inclusión de estos tres representantes de partidos del Gobierno propició las críticas del PP, que se opuso a una mesa que considera que se hace de cara a la galería y que es «maquillaje» del Gobierno autonómico. «Lo más urgente es recurrir el Plan Hidrológico del Ebro, que es muy lesivo para los intereses de Aragón porque elimina más de 150.000 hectáreas de modernización de regadíos y 30 pequeños embalses», señaló el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma.

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, indicó que esta mesa debe ser «un reto que sea mucho más que una lista de obras», debe ser «una institución en Aragón y un elemento de negociación directa con el Gobierno de España».

Por otro lado, han transcurrido más de tres semanas de la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, que reunió a los representantes de las Cortes de Aragón con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y esta aún no ha remitido el cronograma que explique el estado de las obras hidráulicas que son objeto de seguimiento. A pesar de que se comprometió a remitirlo en pocos días, tres semanas después el ministerio aún no lo ha remitido.