El Gobierno de Aragón ha logrado uno de sus objetivos, incentivar a la población que aún no había iniciado su inmunización. La obligatoriedad de presentar el pasaporte covid con pauta de vacunación completa, PCR negativa 72 horas antes o test de antígenos en las 48 horas previas para entrar en los locales de ocio nocturno, celebraciones o eventos multitudinarios ha disparado las primeras dosis. De hecho, este jueves, primer día en vigor de la orden del Gobierno de Aragón, se pincharon 1.171 personas en un solo día, cuando la media de las últimas semanas era de entre 800 y 1.000 en una semana. Las cifras son claras. El día 18 de noviembre se administraron 582 primeras dosis; un día antes, 288; y el 25 de noviembre, 1.171. Así que la incentivación de vacunarse que pretendía Sanidad con esta medida parece que sí ha surtido efecto.
En relación con el incremento de solicitudes de inmunización de los no inmunizados, el presidente de Aragón, Javier Lambán, respecto a una pregunta del líder de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, ha asegurando en las Cortes que el aumento ha sido «exponencial» en las últimas horas. Además, ha defendido que la puesta en marcha del certificado covid se había desarrollado «con bastante normalidad» e incidido en que la vacunación es la mejor respuesta contra el virus. «Los no vacunados son ahora una especie de bomba de relojería», ha llegado a decir y añadido: «El derecho a la libertad individual termina cuando puede suponer perjuicios para los demás».
Quien ya se había vacunado, también ha acudido en masa en las últimas horas a solicitar el pin a su centro de salud para poder descargarse el pasaporte covid. Este jueves se solicitaron 17.187 documentos acreditativos (11.599 online y 5.588 presenciales); mientras que un día antes (cuando se anunció la obligatoriedad de presentarlo) fueron 15.453 (12.870 descargas y 2.583 presenciales). El 23 de noviembre, 3.607 y 960, respectivamente; y una semana antes 2.953 y 716.
La obligatoriedad de exigir ese certificado de vacunación pendía de un hilo tras la petición del ocio nocturno que solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) medidas «cautelarísimas» para paralizar la medida. Sin embargo, el tribunal «no accede» a las peticiones y traslada al Gobierno de Aragón y al Ministerio Fiscal la información para que formulen alegaciones en plazo que expirará a las 00.00 horas del «día primero de diciembre del año en curso».
«No sabemos cuántos viales nos llegarán para los niños», dice el director general de Salud Pública
La séptima ola del coronavirus está cebándose especialmente con los niños. De hecho, en la última semana, el 20% de los positivos totales se ha dado en menores de 14 años (475 de 2.340, desde el pasado viernes y hasta el jueves). La incidencia acumulada en la franja hasta los 11 años es de 295 casos por cada 100.000 habitantes. La «transmisión es más alta» debido a la interacción en el ámbito educativo, asegura Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. «Es uno de los elementos que hay que controlar» pero nada tiene que ver con el año pasado, sobre todo porque el «ámbito educativo está todo vacunado», al igual que los mayores de 12 años. Eso hace que los menores sean «el grupo de edad que sufre especialmente la infección, pero no la gravedad», asegura.
Para intentar paliar esa transmisión, la Agencia Europea del Medicamento acaba de aprobar la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años --en Aragón son unos 90.000--, pero el director general de Salud Pública reconoce que dar una fecha de inicio de inmunización es «muy complicado» porque «se acaba de aprobar». Y además, «esta vacuna va a venir en una presentación diferente».
No se va a inocular los viales de adultos que se tienen en las cámaras si no que «tendrán una presentación diferente». Además, tiene que pasar por la Comisión de Salud Pública y la Interterritorial. «Hay que aprobarla y seguirá el mismo proceso que el resto de decisiones que hemos adoptado», apunta Falo. De hecho, Pfizer ya ha anunciado que la distribución de estas dosis comenzará a partir del 15 de diciembre pero «no permitirá responder de golpe a todas nuestras necesidades», señala el director general, por lo que se tendrá «que reproducir el modelo similar al de adultos». Y añade: «ni siquiera sabemos cuántas dosis nos van a llegar, por lo que primero hay que tomar decisiones y ver las posibilidades para luego organizar». Para Falo, la gran ventaja es que «la máquina de vacunar, los profesionales y la logística ya la tenemos muy engrasada», por lo que cuando haya vacunas «podremos iniciar el proceso con mucha rapidez».
«no es urgente» /La Ponencia de Vacunas, el grupo de expertos que marca la estrategia nacional de vacunación, entiende que en el contexto actual de España no es necesario administrar de manera inmediata la vacuna contra la covid en los niños de 5 a 11 años, dado el elevado porcentaje de población adulta vacunada. «No se puede vacunar a los niños en beneficio de la colectividad», señaló ayer en declaraciones a Efe el presidente del comité de Bioética de España y miembro de la Ponencia de Vacunas, Federico Montalvo, que recuerda que el covid-19 prácticamente no supone un riesgo para los niños, por lo que la vacuna no es un beneficio real para ellos. Los expertos ya se han reunido y lo volverán a hacer la próxima semana con el fin de elaborar un primer documento que trasladar a la Comisión de Salud Pública. Pero para Montalvo, «no hay ninguna urgencia».
La Asociación Provincial de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas pedía la suspensión cautelar pero el TSJA no aprecia «con evidencia» que se trate de una medida que afecte a los derechos fundamentales de la persona y añade que «sorprende, además» que no se haya hecho referencia a qué concretos derechos fundamentales se considera que se ha afectado con las medidas cuya suspensión se pide. Tampoco considera el TSJA que exista «urgencia suficiente» puesto que «no ha sido acreditado un especial perjuicio». Contra este auto «no cabe recurso».
Ante la negativa de la Justicia, el sector del ocio nocturno exige que «se doten de las garantías jurídicas necesarias a las empresas del sector para la gestión» del certificado de vacunación «como condición de acceso» a sus establecimientos. Explican que la petición del pasaporte covid provocará que se produzcan «aglomeraciones» a la entrada de los locales y preguntan cómo «encajar esta obligación con el denominado derecho de admisión, regulado en una norma con rango de ley», una norma «superior a la orden sanitaria aprobada», y que impide «establecer normas de acceso» que puedan ser discriminatorias.
La hostelería aragonesa, agrupada en la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA) asume la iniciativa pero la considera «controvertida» y cree que no debería ser «restrictiva». Además, como el ocio nocturno, considera que hubiera sido necesario «más tiempo» para implantar la medida , así como «haber tenido alguna ayuda o pauta de forma previa y fehaciente». Por eso, insisten en la «improvisación» en la obligatoriedad de pedir este pasaporte y creen necesario que se les facilite una herramienta de carácter tecnológico» antes de pedirlo a la ciudadanía.
Precisamente, Javier Lambán ha dicho en las Cortes que Aragón ha hecho gala de la "ponderación" en la toma de medidas por parte del Gobierno de Aragón y ha defendido la puesta en marcha del pasaporte covid como la "única medida ponderada" que se podía tomar ahora. El líder de Cs, Daniel Pérez Calvo, le había reprochado que este tipo de medidas se tomen de forma "indiscriminada". "Las restricciones nunca pueden ser la primera opción", ha reclamado, antes de solicitar de nuevo que se impulse la sensibilización para la vacunación y el inicio de la inoculación de dosis a los menores. Todo con el objetivo de "blindar el derecho más sagrado a la libertad", ha dicho Pérez Calvo.
A día de hoy, el jefe del Ejecutivo aragonés ha manifestado que su "convicción" es que "en las Navidades y en el puente, las familias y los establecimientos lo podrán disfrutar con normalidad".
