La judicialización del XV Congreso del PAR, celebrado a finales de octubre, ha dado su primer paso. Este viernes se ha celebrado la vista por las medidas cautelares solicitadas por el militante crítico Xavier de Pedro, que denunció «graves irregularidades» en el proceso de renovación y, además de la demanda por la vía de los derechos fundamentales, solicitó medidas cautelares para suspender los «efectos jurídicos» del cónclave del Partido Aragonés.
El juez dirimirá sobre este asunto la próxima semana, tras escuchar a las partes este viernes. La vista, prevista para el jueves, tuvo que postergarse 24 horas por el retraso de una de las letradas. Y ayer, los críticos llegaron con una carta y un manifiesto firmado por «300 militantes» mostrando su apoyo a la demanda.
Ambas partes insisten en que lo realmente importante del proceso se decidirá en el juicio, que no se espera hasta enero. La aceptación --o no-- de las medidas cautelares es un paso previo al que «renovadores» y oficialistas quitan importancia.
El demandante, Xavier de Pedro, estuvo ayer acompañado por quien fue la candidata de los críticos, Elena Allué, que se quedó a solo 20 votos de vencer al presidente de partido, Arturo Aliaga, en el congreso más bronco que se recuerda. Del lado oficialista, Luis Estaún y la representación legal del partido. Mientras los primeros sí quisieron valorar este primer paso judicial, fuentes próximas a la dirección insistieron en que «el PAR es absolutamente respetuoso con los procesos judiciales y con la Justicia» y por eso declinaron realizar valoraciones hasta que el juez se pronuncie.
Los críticos aportaron como novedad una carta rubricada por Elena Allué acompañada de un manifiesto «por el aragonesismo de centro» firmado, aseguraron, por «más de 300 militantes» apoyando la demanda interpuesta por De Pedro.
De Pedro reconoció que el hecho de que prosperen unas medidas cautelares «siempre es complicado porque es, en cierto modo, como anticipar la sentencia, y el juez tiene que verlo muy claro». Sin embargo, volvió a expresar su «total convencimiento» de que la razón les asiste y de que hay «numerosos argumentos» sobre la «falta de democracia interna».
Los argumentos de la demanda
Sobre la mesa, de nuevo, las dudas sobre la fecha del congreso, las papeletas numeradas en una votación secreta, la inclusión de 300 militantes que denuncian que se hizo de forma «irregular» y la falta de realización de asambleas. «Hemos cumplido con nuestra obligación de poner en manos del juez nuestra preocupación por la falta de democracia interna en el PAR», dijo De Pedro.
Los críticos afirmaron que mantener la situación actual «antidemocrática puede causar un grave daño», ya que el partido sigue tomando decisiones como la renovación del resto de órganos. Según los críticos, si el juez determina la suspensión del congreso, el daño será «cada vez mayor» porque habrá que dejar en suspenso todos los nuevos nombramientos.
En el manifiesto presentado ante el juez, denuncian que la actual dirección «ha cercenado cualquier debate interno y ha bloqueado la necesaria renovación de la dirección con prácticas impropias de esta formación y vergonzantes en cualquier demócrata con el único objetivo de conservar cargos institucionales».
Por eso, claman por un «congreso legítimo» en el que la militancia pueda debatir «en libertad, igualdad y responsabilidad». En pocos días, el juez decidirá.
