La Diputación General de Aragón (DGA) ha sido condenada en varias sentencias firmes a reconocer la antigüedad de los trabajadores de las cocinas de los comedores escolares de gestión pública en Aragón, que en el 100% de los casos mantienen relaciones contractuales del tipo fijo-discontinuo. Estos contratos tenían una duración de 10 meses, extendidos durante el curso escolar y finiquitados durante los meses de verano. 

La resolución implica que la Administración debe abonar las cantidades relativas a los trienios que no se habían podido cumplir al extinguirse los contratos, además de las actualizaciones de estos y de los complementos. 

La sentencia responde a varias demandas presentadas por la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón y la Sección Sindical de CCOO en la DGA, que este martes han denunciado la ausencia de negociación por parte del Gobierno de Aragón, lo que llevó el asunto a manos de la Justicia. «No es de recibo que porque estén contratados de manera precaria tengan que estar dos meses en el desempleo y su antigüedad no se vea reconocida», apuntó Arancha García-Carpintero, delegada de la federación de Enseñanza de CCOO. Es más, la sindicalista aseguró que el Gobierno de Aragón actúa «peor que las empresas externalizadas si cabe», modelo que predomina en los centros educativos aragoneses.

De hecho, la DGA solo asume la gestión directa de 32 colegios en la provincia de Huesca (62 trabajadores), de 19 centros en la provincia de Zaragoza (32 trabajadores) y de tres centros en la provincia de Teruel (12 trabajadores). La suma asciende a 106 empleados públicos que, según García-Carpintero, no han sido escuchados por la Administración, dado que la voluntad de negociar un acuerdo gremial han sido nulas, según CCOO.

Uno de estos cocineros es Pedro Sánchez, oficial de primera en la cocina del colegio Pío XII de Huesca, quien añade al «exagerado volumen de trabajo» que deben llevar a cabo en una labor fundamental como la alimentación de los niños en formación. En este sentido, Sánchez advierte que las cocinas están «mal equipadas», que el personal es «insuficiente» y que las plantillas acumulan una importante carga de trabajo, puesto que además de hacer la comida, deben encargarse de los pedidos, del almacenaje, de rellenar las autorizaciones de Sanidad o de la limpieza. «En 2020 tuve que hacer 80 horas extras», señala el profesional. 

Más de 2.000 euros de indemnización

En la última sentencia, dada a conocer este martes por las federaciones de Enseñanza y de Función Pública del sindicato, el juzgado de lo Social Único de Teruel reconoce a una trabajadora que en el cómputo de su antigüedad se le tenga en cuenta todo el periodo íntegro de la prestación del servicio como fija discontinua. Es decir, que se le otorga la retribución no obtenida desde el inicio del contrato en 2008, sumándose a esta cifra los incrementos por los cuatro trienios consecuentes y el complemento de desarrollo profesional de nivel 2.

Así, se condena a la DGA a abonar a la trabajadora un total de 2.070,92 euros. Pero es más. Al llevarse la resolución del conflicto por el terreno judicial, se impone a la Administración un abono anual del 10% por mora desde la fecha del impago en la cantidad anterior.

Las sentencias, como la conocida ahora, responden a un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019 que ya reconocía como discriminatorio el trato al personal con actividad fija-discontinua a los efectos de antigüedad y a una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que reconoce el derecho de antigüedad del personal fijo discontinúo por todo el tiempo de relación laboral y con la máxima amplitud posible.

María Lobera, secretaria de acción sindical de CCOO en la DGA, ha referido por su parte que en el Gobierno de Aragón hay 900 personas que trabajan en jornadas parciales con unas "condiciones laborales precarias". Esto es, o bien que se les contrata por menos de doce meses o por una jornada laboral que no es completa, y el 80% de estas personas son mujeres. Lobera ha exigido a la administración más talante negociador y que no se tengan que resolver los conflictos laborales en los juzgados.