La situación social y laboral del empleo de hogar y cuidados ya se caracterizaba antes de la llegada de la pandemia por la falta de reconocimiento e invisibilización, pero ha sido el covid el que ha evidenciado y agravado todavía más si cabe las precarias condiciones en las que desarrollan su vida laboral.

De hecho, la precariedad queda a la vista incluso en las medidas de protección social extraordinarias otorgadas por la Adminitración, que por desconocimiento quedan en tierra de nadie al no solicitarse. Ocurrió con es el subsidio extraordinario para personas empleadas de hogar, que fue solicitado por tan solo ocho de las 280 socias de la Asociación de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de Zaragoza.

Los datos se recogen en el estudio 'Cuidados esenciales, cuidados invisibles. Las trabajadoras del hogar y cuidados tras la pandemia' que ha sido presentado este miércoles y ha sido elaborado por la organización Oxfam Intermón con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se ahonda en el informe en que con la pandemia «se ha agudizado un empeoramiento de las condiciones laborales y sociales de las trabajadoras de hogar y cuidados». «No solo se han visto mermados sus ingresos, descansos, derechos o jornadas laborales, sino también su bienestar físico y emocional, así como su salud mental», recoge el documento. En este sentido, las autoras del texto inciden en que se ha producido un aumento evidente en los malestares psicológicos debido al aislamiento, la soledad, al encierro, el agotamiento o a la falta de ingresos económicos.

Prueba de ello es la difícil situación monetaria a la que quedan abocadas y las situaciones de pobreza que golpean al colectivo de las empleadas del hogar. Por ello, apuntan las informadoras, una gran parte de las trabajadoras no han podido hacer frente al pago del alquiler, de comida o de telefonía móvil. Y aquí entra en juego otro de los vectores que rigen el sector, cuyas integrantes han debido cortar las remesas para el sustento de sus familias en origen.

De este modo, se ha producido un aumento significativo del endeudamiento de las trabajadoras, como consecuencia directa de la pandemia. «Hemos visto como la deuda contraída, tras meses de impago del alquiler o para poder mandar remesas, ha permitido nuevas formas de explotación al obligar a las trabajadoras a aceptar cualquier tipo de condiciones laborales frente a la obligación de pagar la deuda», apunta la oenegé. El endeudamiento se sumaría a la situación administrativa irregular para hacer extensibles las condiciones de trabajo que deben aceptar las trabajadoras, que, en ese sentido, constituyen dispositivos eficaces de explotación, obediencia y violencia.

Mención especial requieren las trabajadoras de cuidados internas que, tal y como señala Marysol Ruberte, una de las autoras del estudio: «Si bien es cierto que vemos como las mujeres que desarrollaban su trabajo dentro de la modalidad de interna son las que menos han perdido su empleo durante la crisis sanitaria, no es menos cierto que son las trabajadoras que más vulneraciones de sus derechos laborales sufren, puesto que ninguna de las entrevistadas cobraba el salario mínimo marcado por la legislación, disfrutaba de vacaciones, pagas extras o días festivos.

Además, el estudio recoge más de 45 medidas (legales, sociolaborales, fiscales y de ámbito autonómico y municipal), propuestas por las propias trabajadoras, encaminadas a paliar tanto los problemas endémicos del sector, como las consecuencias recientes de la pandemia.