El PSOE de Aragón asegura que quiere "desenmascarar" a los partidos de la derecha "que se arrogan la representatividad y la voz de los trabajadores del campo, hacen ruido y performances y critican todo pero sin presentan ninguna alternativa". Frente a este posición, los socialistas sacan pecho con ""hechos, datos, certezas y ejemplos" de las políticas que están impulsando y aplicando tanto desde el Gobierno de España como del autonómico en favor de los profesionales de este sector, con medidas como la Ley de Cadena Alimentaria que recientemente ha sido aprobada en el Congreso.

"Entendemos las reivindicaciones del campo porque las compartimos y tratamos de darles solución allí donde tenemos responsabilidades", ha asegurado este viernes en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE aragonés, Dario Villagrasa, acompañado de Pau Marí-Klose, diputado socialista por Zaragoza en la Cámara Baja, que ha defendido que esta nueva normativa da respuesta "a una de las grandes demandas" del sector agrario y consigue "dar protección" a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos al favorecer que existan "precios más justos".

La ley, ha señalado, "refuerza la transparencia de la cadena alimentaria y amplía el catálogo de prácticas desleales, que muchas veces dejan agricultores y ganaderos en posiciones más débiles". "Todo ello para distribuir equitativamente la cadena de valor de las producciones agroalimentaria", agregó.

Según Villagrasa, con la nueva regulación que entrará en vigor en 2022 "se aumenta la seguridad jurídica, se facilita la planificación empresarial y se ayuda a mejorar la competencia y el buen funcionamiento del sector".

Prohibición de comprar a pérdidas

En concreto, Villagrasa ha destacado que la ley prohíbe la compra y la venta a pérdidas, "mejora la transparencia" de los precios, hace frente a las prácticas desleales y corrige "defectos estructurales" del sector. Como ejemplo de ello, el dirigente socialista precisó que se veta la compra por debajo de los costes de producción y la destrucción del valor de la cadena en los intermediarios.

Para lograr esos fines, ha detallado, las promociones comerciales de las cadenas de distribución "no pueden nunca inducir a un error que acaben pagando los pequeños y medianos agricultores y ganaderos". Esto se consigue también con un registro digital de los grandes contratos agroalimentarios en el que deben especificarse los costes de producción.

"Esta ley aporta transparencia, protege a los agricultores y ganaderos y trabaja para distribuir equitativamente el precio y el valor de los productos", ha concluido. De esta forma, apuntó, se da respuesta a las demandas de un sector que emplea a 2,6 millones de personas en España y representa más del 10% del PIB nacional.

Ley aragonesa de agricultura familiar

Villagrasa también ensalzó la política agraria que está desarrollando el Gobierno de Aragón desde la consejería que lidera Joaquín Olona. En este sentido, recordó la reciente publicación de la orden provisional por la que se han aprobado 174 expedientes de modernización de explotaciones agrarias y ganaderas, así como los 256 proyectos autorizados para la incorporación de jóvenes agricultores en las tres provincias de la comunidad.

Otra de las grandes hitos, ha subrayado, está siendo la transformación a regadío de 46.000 hectáreas desde 2015, una apuesta a la que se sumarán ahora 1.846 hectáreas en Fuentes de Ebro, según el anuncio hecho la semana pasada por Olona.

Por último, hizo hincapié en la importancia que tendrá la futura ley de protección de la agricultura familiar de Aragón, que ahora se encuentra en tramitación en las Cortes, que confió en que vea la luz en 2022 para beneficiar a los profesionales del sector.