La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca solicitó ayer a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca que dirima responsabilidades sobre el derribo de la fachada del edificio número 25 de la calle San Jorge, el inmueble civil más antiguo de la ciudad, que contaba con más de 600 años de historia y se ubicaba en la antigua judería de la ciudad. La pared fue derruida en la semana del 14 de octubre en unas obras que responden a la construcción de una vivienda de uso particular con labores de rehabilitación. 

La asociación presentó ayer un informe en la Fiscalía en el que el se pone de manifiesto que el derribo de la fachada «no ha sido autorizado en ninguna fase de la aprobación del proyecto de construcción para una vivienda unifamiliar». Además, el documento señala que tirar abajo la pared «ha imposibilitado el estudio arqueológico» que podría haber puesto de relieve la existencia en este antiguo barrio de la judería de una sinagoga, de la que, eso sí, no se mostró evidencia en el informe que el consistorio oscense pidió para su posible declaración como Bien de Interés Cultural en 2017, que no fue concedida.

Desde la plataforma indican que el informe técnico de la comisión municipal de Urbanismo recordaba al promotor y al arquitecto del proyecto que el inmueble gozaba de un grado de protección P3 debido, precisamente, al valor arquitectónico de su configuración exterior, explican los defensores patrimoniales.

Asimismo, según los denunciantes, todos los informes emitidos señalan «de modo inequívoco el insoslayable seguimiento arqueológico de los trabajos, máxime cuando el inmueble se encuentra en Zona C de protección de patrimonio arqueológico». Destacan además que les resulta «llamativo» que la resolución de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón que autoriza el control de la obra fuera dictada por su responsable el día 18 de octubre, «una semana después del inicio de la demolición». En esta resolución, además, se prescribe «el análisis de los diferentes momentos constructivos de la fachada», cuando esta ya había desaparecido y con ella toda la información arqueoconstructiva acumulada a lo largo de los siglos, material científico que «hubiera permitido determinar con carácter definitivo si la finca en cuestión albergó la sinagoga», defienden en el documento desde la plataforma patrimonialista.

Los denunciantes recuerdan que la defensa de esta fachada entroncaría con el cumplimiento de la Ley de Patrimonio de Aragón, además de con otros convenios internacionales suscritos por España, como la Declaración de Davos, rubricada en 2019 o las directrices contenidas en el Anteproyecto de Ley de calidad de la Arquitectura y Entorno Construido que promueve el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

El inmueble se sitúa entre el Coso alto y la Avenida del Parque de Huesca y se divide en los portales 25 y 27 de la calle San Jorge. El primero fue adquirido por la Universidad de Zaragoza, que había proyectado levantar un centro de interpretación de la judería de Huesca, aunque tras echarse atrás lo vendió a un matrimonio para uso particular.