La séptima ola satura la Atención Primaria y los hospitales de Huesca

En cualquier caso, Huesca es una de las provincias más afectadas en esta séptima ola en la que está inmersa la comunidad, sobre todo su capital, que tiene una incidencia acumulada a siete días de 874,8 caos por 100.000 habitantes (la segunda más alta de Aragón, solo por detrás de Alcañiz, que cuenta con 974,6). De hecho, concentra casi la mitad de los contagios, con 81, de los 171 de toda la provincia. ¿El motivo? «Existe transmisión comunitaria», según reconoce Borrel, que puntualiza que «cuantas más pruebas se hacen más positivos salen». No sabe por qué se están dando tantos contagios, pero sí señala que «estamos relativamente tranquilos en comparación con otros momentos» de la pandemia porque la «sintomatología es leve» o son asintomáticos. Eso sí, añade que cuantos más casos hay también crece «la posibilidad de que se compliquen algunos, y por tanto haya más ingresos, más entradas en uci y más fallecimientos. Todo esto viene escalonado», cuenta. Y poco a poco, «ya está dándose esta situación», afirma.

Los no vacunados y los niños, son, según Borrel, «los mayores transmisores» en estos momentos. Para el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, «hay dos tipos de no vacunados, los voluntarios y los que no se han podido hacerlo», que son los menores de 12 años. Prueba de ello es que desde el inicio de curso se han cerrado un total de 202 aulas en Aragón, de 126 centros escolares, de las que 122 corresponden a las tres últimas semanas (el 13 de noviembre se habían clausurado 80 de 58 colegios). Por provincias, se han mandado a los alumnos a casa de 31 aulas oscenses, de 27 turolenses y desde 144 zaragozanas. Y se han reabierto 146, por lo que solo permanecen cerradas el 0,66% de las aulas existentes. En la misma semana del curso pasado se habían cerrado 698 clases. 

En este sentido, Borrel reconoce que en estos días hay que encontrar el equilibrio entre dos palabras: protección y restricción. «Hay que proteger a la población responsable» y poner restricciones «a los insolidarios». No a toda la población, puesto que siguen vigentes medidas como la distancia social y «la mascarilla», sobre todo, en interiores y en la hostelería porque después quien «lo paga son los abuelos». De ahí esa idea de «proteger al responsable, pero también al más débil y frágil» y restringir derechos del irresponsable, dice el médico. Y esa es labor del político.

Considera que desde el inicio de la pandemia ha habido «una serie de gobiernos que en muchas ocasiones se han lavado las manos». Son los dirigentes los que deben implantar medidas y el ciudadano «completarlas». En este sentido, ve positiva la implantación del pasaporte covid, pero se pregunta si los trabajadores del ocio nocturno «lo tienen» y «si el sanitario que nos atiende al entrar en un hospital está vacunado» siendo que al paciente sí le hacen una PCR. «El Gobierno debe proteger la salud pública comunitaria» y una vez conseguido es «cuando entra el derecho individual de cada uno». Por eso no entiende que haya trabajadores de residencias no vacunados porque «su obligación es proteger a los ancianos, que para eso entran en la residencia».

Es por eso que invita a los políticos a «salir a la calle y ver la realidad, porque la ignoran, encerrados en su palacio de cristal», señala. E insiste: «la población no puede llegar al médico y eso no se ve desde el despacho». La Atención Primaria está «colapsada» porque hay una «burocracia tremenda» y una campaña como la de la vacuna de la gripe que «funcionaba» ha cambiado. Y toda la «cancelación de los contratos de refuerzo, que hace que los profesionales no den más de sí». Por eso, señala que aunque esta onda epidémica no sea tan agresiva como las anteriores, «cada muerte sigue siendo un drama, porque hablamos de personas no de números».