Con un ajustado recuento de 31 votos a favor y 35 en contra, el cuatripartito junto a Izquierda Unida ha detenido el envite de la derecha frente a la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV).
PP y Cs se han unido en torno a Vox para exigir una renta básica aragonesa más restrictiva con los inmigrantes que residen en la comunidad autónoma en situación irregular. La ultraderecha reclamó cambios en una prestación social que apenas lleva un mes en marcha, y cuyo texto fue aprobado en el Parlamento hace apenas seis meses.
El portavoz de Vox, Santiago Morón, presentó la iniciativa de reforma, asegurando que el desarrollo reglamentario de la ley que regula la prestación complementaria ofrece «inseguridad jurídica». Ha señalado que la residencia legal en España no equivale a la residencia efectiva en Aragón, ya que la segunda incluye a los empadronados en un municipio de la comunidad autónoma, aunque residan ilegalmente en España. Así, ha considerado que la regulación actual crea «desconcierto», por lo que la única fórmula de aportar «claridad y certidumbre» es «la corrección de la propia ley», dijo Morón, que se preguntó si el Gobierno de Aragón no quiere reconocer un error «o hay detrás algún motivo ideológico».
La parlamentaria socialista Pilimar Zamora aclaró que los derechos y deberes de los extranjeros «están garantizados por la ley», entre otros, los derechos a las prestaciones sociales, y afirmó que Vox «fabrica» un problema al «estigmatizar a las personas que contribuyen con su trabajo a generar riqueza en una tierra que seguirá siendo acogedora y solidaria».
La diputada del PP Marian Orós apostó por la modificación de la ley autonómica que regula la prestación complementaria y aseguró que esto «no va de buenos y malos, sino de aportar certidumbre, seguridad jurídica y transparencia, de clarificar quiénes son los beneficiarios», y añadió que la prestación aragonesa debe ser «acorde» al Ingreso Mínimo Vital.
Desde Cs, Loreto Camañes defendió que las leyes «no pueden modificarse a conveniencia de un determinado partido» y echó en cara a Morón que Vox ha presentado esta iniciativa «para atenuar la alarma social que ha alimentado». Pero el partido votó junto a Vox para «garantizar la seguridad jurídica».
Desde el cuatripartito e IU criticaron el cariz «ideológico» y «xenófobo» de la propuesta de Vox. La parlamentaria de Podemos, Vanesa Carbonell, criticó los «retrocesos» que intenta Vox para «hacer de Aragón un lugar peor». Y añadió que los inmigrantes «no vienen para vivir de las ayudas, sino porque su situación personal y económica les hace emigrar».
La diputada de CHA Carmen Martínez recordó que la prestación complementaria fue aprobada por «una amplísima mayoría» de las Cortes de Aragón y espetó a Morón que a Vox «le sobran todos los extranjeros con pocos recursos» y le acusó de utilizar el Parlamento «para hacer demagogia» con «tintes xenófobos». Morón alertó con llevarles a los tribunales por las acusaciones de fomentar el odio, a lo que Martínez le respondió que «si están dispuestos a dar, tienen que estarlo a encajar».
Para la diputada del PAR Esther Peirat, Vox ha querido «estigmatizar» la prestación desde que se puso en marcha. El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, recordó que la ley de Extranjería ampara a las personas sin papeles. «Nadie es ilegal», insistió.
