El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la reactivación económica de la hostelería. La ciudad destinará 3,4 millones al plan de rescate pero, eso sí, siempre que los establecimientos que se beneficien de las ayudas tengan su actividad principal en la capital, no en otro municipio. Una exigencia con la que el equipo de Gobierno de PP-Cs quiere evitar que su aportación llegue a compañías que operan en otras localidades pero tienen su domicilio fiscal en Zaragoza. Esta condición no ha sentado nada bien en los despachos del Pignatelli, que no llevan idea de «excluir» a nadie.
La concejala de Economía e Innovación, Carmen Herrarte, ha explicado que el convenio incluye esta cláusula para poner límites en el destino de su dinero. Una «salvedad» que sigue la recomendación del servicio de Intervención, que concluyó en un informe que la aportación municipal solo puede beneficiar a aquellos que ejercen sus competencias en el término municipal.
Además, el Gobierno de Aragón deberá comprometerse a devolver el remanente que pueda producirse en un plazo máximo de 90 días. La concejala ha asegurado que se había informado al respecto al Ejecutivo autonómico que, «a priori», no tendría ningún problema. Nada más lejos de la realidad porque el consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha dicho que no van a «excluir» a ningún establecimiento y ha recordado que la capital tendría que aportar 800.000 euros más de los aprobadas para satisfacer toda la demanda.
Domicilio fiscal
Según ha explicado, hay unas 64 empresas que tienen su domicilio fiscal en Zaragoza y desarrollan su actividad en algún pueblo, como sucede con varios hoteles. Una situación que también se produce a la inversa, es decir, compañías con NIF en alguna localidad aragonesa que operan en la capital. «Hemos pretendido ser flexibles», ha matizado el consejero, que ha insistido en que se había diseñado un plan para «mitigar los efectos del covid» que está avalado por los jurídicos e Intervención por lo que, reiteró, no acatarán la condición que ha incluido el ayuntamiento.
Habrá que ver qué sucede ahora porque Aliaga ha dicho que es «inminente» que se empiecen a tramitar los expedientes para realizar el pago de las ayudas. No será sencillo porque, según Carmen Herrarte, se han detectado «incontables errores» en la información remitida por la DGA en relación a las peticiones, por lo que es «imposible hacer una revisión del listado» y calcular a cuánto ascienden todas las ayudas. Por ello, el consistorio ha incluido una cláusula para que, en el caso de que no ejecute toda la partida, la DGA devuelva el dinero sobrante.
Existen dos líneas de ayudas a la hostelería, una nacional y otra autonómica, y ha criticado que a día de hoy los afectados «no han visto ni un euro», ha denunciado la concejala de Economía e Innovación en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte.
El Gobierno de España ha reservado en una segunda convocatoria 84,2 millones para el rescate hostelero y la DGA otros 45. La concejala ha matizado que una misma empresa nunca podría recibir más de 200.000 euros en total, por lo que no descartan que sobre parte de los 3,4 millones que aportará el consistorio. Salvo que las nuevas cláusulas frenen el acuerdo.
Enfrentamientos
No es la primera vez que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza discrepan sobre el plan de rescate a la hostelería. Desde que Javier Lambán lo anunció ha generado múltiples discrepancias entre las dos instituciones. La concejala de Economía e Innovación ha recordado que el presidente aragonés no acordó con los ayuntamientos el proyecto y tampoco si podrían participar con una aportación económica. «El anuncio nos pilló completamente desprevenidos», ha confesado.
El plan de rescate está dotado de 50 millones (que serán 45,3 millones en solicitudes), de los que los entes locales y las diputaciones deben aportar un 20%. Tras más de un desencuentro, ambas administraciones alcanzaron un acuerdo por el que, según Herrarte, el consistorio se comprometió a aportar 3,4 millones. Fue la estimación que se hizo en abril y que se negoció directamente con el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. Hasta entonces, recalcó Herrarte, las conversaciones fueron fluidas, pero una vez que entró en juego la consejería de Industria la cordialidad y la transparencia se acabó.
Con Pérez Anadón también se acordó que la DGA abonaría los recibos del IBI de los inmuebles de la Expo pendientes y, entonces, iniciará toda la maquinaria para aprobar el convenio. Un proceso que niegan desde Industria.
Herrarte ha explicado que el 1 de octubre recibieron el último ingreso correspondiente al IBI y que tres días después iniciaron el expediente de la modificación de crédito de los 3,4 millones necesaria para poder autorizar la transferencia a la DGA, aprobada a finales de noviembre. Un trámite obligado para que el Gobierno de PP-Cs validara ayer el convenio.
