"Todos nos jugamos mucho en Andorra. La transición justa debe salir bien sí o sí"

¿Cuándo será una realidad la transición justa de Andorra?

Cuando hayamos generado con distintas iniciativas, al menos, el mismo número de empleos que se perdieron con el cierre de la térmica y las dos explotaciones mineras clausuradas en 2018, que fueron 530 trabajos. Es el objetivo más importante, pero por supuesto queremos otras cosas: que la ciudadanía tenga servicios suficientes para poder retener y crecer en población, o que haya un reconocimiento de la aportación de estos territorios a la riqueza y al bienestar del país. ¿La fecha concreta para conseguirlo? En el año 2022 se pondrán los proyectos reales encima de la mesa. Luego tendremos que ver cómo los acompañamos para que se cumpla de verdad el objetivo final.

En la zona existe incredulidad sobre el éxito de este proceso.

Entiendo el escepticismo. Se debe en parte a la experiencia previa de cómo han sido las políticas de reactivación de los anteriores cierres de minas. Y por otra, a que los tiempos administrativos son difíciles de entender por la gente. En los territorios afectados por procesos de este tipo ha habido una falta de anticipación y, a la vez, existe una necesidad de resultados inmediatos. Esta tensión entre celeridad y profundidad en las soluciones es clave. Hay que ver qué podemos hacer a corto plazo para generar confianza en la población y qué emprender de manera más profunda para asegurar que el desarrollo económico sea sostenible a largo plazo. Todos nos jugamos mucho. No solo la gente, también el Gobierno y nuestra apuesta por estas políticas de transición justa. Por eso estamos seguros de que vamos a cumplir. Debe salir bien sí o sí. Y con Andorra somos especialmente optimistas.

¿Por qué son optimistas?

Es una zona con muchos mimbres y en la que ya hemos empezado elementos muy innovadores y pioneros como el concurso de renovables. Hay un trabajo ya avanzado que nos está permitiendo pulsar el territorio y ver que hay apetito de nuevos emprendimientos.

Ese concurso de renovables es la gran esperanza, ¿qué espera?

Que se cumpla lo que planteamos desde el principio: poner al servicio del territorio los nuevos proyectos renovables. Esto resulta bastante revolucionario en un país con tantos recursos renovables. El objetivo es que su aportación energética al país vaya acompañada de una generación de actividad e innovación en otros sectores, donde empresas y ciudadanos puedan reducir sus facturas, se fomenten los empleos del mañana o haya nuevas oportunidades para los que perdieron su trabajo. Vamos a subastar una cantidad importante, 1,2 gigavatios, y vemos que hay mucho apetito entre los inversores y que están trabajando seriamente en búsqueda de proyectos relacionados.

¿Teme que se judicialice como ha ocurrido con otros concursos de potencia en el pasado?

La verdad es que no. Es un tema que no nos tiene que preocupar si no ocupar porque el negocio eléctrico tiene una alta litigación. Se trata de un concurso profundamente innovador pero las bases están muy claras. Se han trabajado desde un punto de vista objetivo en la puntuación y con criterios de transición justa. Todos tienen las mismas oportunidades de demostrar su aportación. Hemos combinado una relativa celeridad con unos procedimientos garantistas. Creo también que los inversores renovables son conscientes de que nos jugamos mucho en Andorra y van a tener un árbitro imparcial.

El gran sueño de la comarca es que lleguen industrias, ¿será posible cumplirlo?

Es el sueño de todas las zonas de transición justa. Y también es nuestro sueño. La industria genera mejores salarios e inversiones en I+D. Soy optimista y confío en que llegue esa industria, una industria dimensionada al territorio, porque se han incluido claramente determinados elementos en el concurso para vengan proyectos que tengan impacto en la cadena de valor.

¿Por qué no se ha firmado el convenio de transición justa cuando han pasado ya casi tres años desde que se anunció?

Es cierto que no se ha firmado, pero también que se ha trabajado a conciencia en cada uno de los elementos del convenio. Sí hemos firmado el protocolo previo entre todas las administraciones y venimos trabajando en las propuestas hechas desde el territorio. Muchas de las medidas y compromisos están en marcha, en estudio o a punto de lanzarse. Falta la firma formal, que esperamos que suceda pronto, pero no será ni el principio ni el final de nada. ¿Por qué está tardando? Nunca fue un convenio al uso. Parte de un proceso participativo amplio... Lo más importante es que aporte resultados reales.

¿Qué se está haciendo con las más de 100 propuestas planteadas por el territorio?

Hemos avanzado bastante. Entre 20 y 25 propuestas ya están financiadas y alrededor del 30% son proyectos municipales a los que hemos buscado acomodo. De hecho, hemos diseñado para ellos una convocatoria de ayudas dotada de 91 millones para toda España que será publicada este mes. Otro 10% de las iniciativas está relacionado con el nudo eléctrico de Andorra, que ahora está en concurso. En definitiva, el 50% de las propuestas están encarriladas: o financiadas o en proceso de estarlo. El resto son en muchos casos ideas que no estaban en una fase de maduración como para darles una respuesta a corto plazo. También es cierto que en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno están surgiendo proyectos adicionales.

El ministerio siempre ha defendido que no ha estado parado en todo este tiempo. ¿Qué se ha hecho?

Así es. No hemos parado de trabajar y dar soluciones. Desde 2019 hemos apoyado 60 proyectos en la zona del convenio con alrededor de 35 millones de euros. No hay que obviar que somos el único país que ha metido el componente de transición justa en su plan de recuperación, con todo lo que eso conlleva.

La burocracia es un gran lastre para materializar los proyectos.

Una cosa son los tiempos de concesión de las ayudas y otra que los proyectos sean una realidad. Tenemos unos controles importantísimo en todas las administraciones públicas para que los fondos públicos se gasten bien. Es cierto que son un verdadero quebradero de cabeza. Eso es así. En el ITJ hemos aprendido de esa dificultad y estamos tratando agilizar en lo posible la gestión en las nuevas convocatorias.

¿Qué solución se dará a los regantes del Guadalope?

Es cierto que tienen diversos problemas. Estamos trabajando con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en soluciones, algunas de las cuales se incluirán en el Plan Hidrológico que se aprobará en 2022. Y nosotros los hemos incluido como afectados dentro del proceso de transición justa. Está por ver además si las empresas que opten al concurso de renovables plantean algún proyecto asociado a este problema.