El Gobierno de Aragón empezará a pagar el bono social térmico en los próximos días, «probablemente, antes de que acabe el año», informaron este miércoles fuentes del Departamento de Industria después de que el PP, a través de su portavoz de Ciudadanía en las Cortes, María Ángeles Orós, urgiera al Ejecutivo autonómico a repartir estas ayudas al mismo tiempo que lamentó el retraso en su tramitación «en un momento de crisis energética y económica, y de serios problemas para llegar a fin de mes por la subida de la luz, el gas y el butano».

Según ha explicado, el Ministerio de Transición Ecológica debería de haber transferido la cantidad necesaria para el pago de este bono en el primer trimestre de este año, aunque finalmente lo ha hecho el pasado 17 de diciembre, un total de 7,2 millones de euros para las más de 35.000 familias beneficiarias en la comunidad.

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón confirmaron que la Dirección General de Energía que el pago del ministerio llegó hace apenas dos semanas pero afirmaron que «ya se había recibido la lista de las compañías eléctricas, que es a través de la que se contabilizan los beneficiarios de esta ayuda».

Para anticiparse y agilizar el pago, «el Gobierno de Aragón cumplió con uno de los requisitos exigidos desde el Ejecutivo central y a finales de octubre se envió a cada uno de los más de 28.000 solicitantes una carta en la que se les pedía información sobre si la cuenta bancaria seguía siendo la misma del año anterior», explicaron desde la DGA.

Ahora, las ayudas para cada uno de los beneficiados ya han pasado a Intervención. En menos de diez días se han realizado los trámites para esta gestión.

Este año, el Gobierno central ha aumentado la partida para el bono social térmico de 3 a 7,2 millones, de manera que la cantidad que recibirán los beneficiarios oscilará entre 150 de 350 euros. Sin embargo, para el PP aragonés es insuficiente. «El bono social es discriminatorio, solo lo reciben una de cada 4 familias de las que tienen derecho a recibirlo; en Aragón lo cobran 35.000 cuando lo necesitan 140.000. Lo que no puede ser es que haya más retrasos», lamentó Orós.