La comunidad aragonesa ha registrado 31.016 sanciones por no llevar mascarilla entre el mes de julio de 2020 y el pasado 31 de diciembre, según datos facilitados por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, que lleva el cómputo de este tipo de actuaciones policiales. El importe impuesto al infractor es de hasta 300 euros, en función de las circunstancias.
De los casos denunciados se han abierto procedimientos sancionadores en 26.794 hasta la fecha. El último trimestre del pasado año, las multas por este concepto, el más visible de la pandemia de coronavirus por su incidencia en los contagios, sumaron 2.955 expedientes que están en diversas fases de tramitación.
En este sentido, como toda sanción de la autoridad pública está sometida a la posibilidad de recurso, por lo que un indeterminado número de las mismas todavía no han sido abonadas.
De hecho, según fuentes jurídicas, en el caso de Aragón se han registrado numerosas impugnaciones, en primer lugar porque la cuantía que aquí se puede llegar a exigir es muy superior a la que se impone en otras autonomías, donde está situada en 100 euros.
Por otro, desde el punto de vista legal, la actividad sancionadora se ampara en la Ley de Salud Pública, y muchos profesionales del derecho consideran que no es la adecuada.
Sin embargo, llevar mascarilla, que en la actualidad es obligatorio en interiores e incluso en el exterior, no es obligatorio para todas las personas. La normativa que regula este aspecto preventivo frente al coronavirus exime expresamente a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla. Tampoco tienen por qué usarla quienes presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Asimismo no es obligatorio su uso en el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible.
La recaudación es de más de un millón pero hay recursos
La cantidad recaudada por el Gobierno de Aragón en concepto de incumplimiento de las medidas restrictivas del confinamiento ascendía a mediados del pasado año a más de un millón de euros. Con todo, la DGA recibió un varapalo judicial cuando os tribunales declararon ilegales determinadas medidas del segundo confinamiento, con 3,7 millones de euros en juego que se solventarán en favor del sancionado en el caso de haber recurrido.
Finalmente, aunque con excepciones en casos particulares, tampoco resulta obligatoria en lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan. En este epígrafe figuran las instituciones para la atención de personas mayores o con discapacidad, las dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales u otros colectivos que reúnan características similares.
Con todo, la apertura de expedientes por no llevar mascarilla son solo parte de las sanciones propuestas, dado que existen otros incumplimientos, menos abundantes pero más onerosos. En este capítulo se incluyen no respetar aforos, no cumplir los horarios de cierre o fumar a menos de dos metros en terrazas.
