Nada cambia pero, al mismo tiempo, el sistema que lleva utilizando el Gobierno de Aragón desde hace un año para imponer restricciones podría saltar por los aires. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) insistió este viernes en un nuevo auto que hay «visos de inconstitucionalidad» en la ley aragonesa 3/2020, por lo que el Constitucional deberá estudiar la norma de la que se sirve el Departamento de Sanidad de la DGA para fijar horarios y aforos en comercios y hostelería. No obstante, eso sí, las limitaciones quedan como hasta ahora, por lo que los bares tendrán que seguir funcionando hasta las 00.00 horas como máximo y sin barras y las discotecas hasta las 2.00 horas y con todos sus clientes sentados.
Esta fue la respuesta del auto del TSJA que da respuesta al recurso interpuesto por el sector del ocio nocturno y la hostelería contra las restricciones impuestas por la DGA el pasado 28 de diciembre, justo antes de Nochevieja.
Los empresarios solicitaron primero la suspensión inmediata de la nueva orden sanitaria como medida cautelarísima, si bien el Tribunal aragonés denegó esta petición. Entonces la Justicia abrió un plazo para que el Gobierno de Aragón presentara alegaciones y defendiera las restricciones adoptadas para después, de nuevo, tomar una decisión al respecto. Pero el TSJA ha pospuesto la adopción de esta medida y ha suspendido el plazo –para evitar que se agote– del tiempo que dispondría para tomar medidas cautelares. Y todo porque creen que la norma en la que se han basado las limitaciones de aforo y horarios no se ajusta a la Constitución.
En su auto, los magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo no ahorra en calificativos sobre la actuación del Gobierno de Aragón. Si el pasado 30 de diciembre el TSJA criticaba la premura y las formas del Ejecutivo aragonés, en esta ocasión la providencia de los jueces señala que, con su sistema de aplicación de restricciones, la DGA está evitando el control de los tribunales, lo que contravendría el artículo 24 de la Constitución Española.
Así, los jueces llegan incluso a señalar que la DGA está utilizando una «puerta trasera» para impedir que los ciudadanos puedan recurrir ante las medidas acordadas por Sanidad.
¿Qué legislación ampara las restricciones?
Esto es debido a que, para aplicar limitaciones en base a la ley 3/2020, el Gobierno de Aragón establece una fase de alerta según la evolución de la pandemia mediante decretos. Estas normas, con rango de ley, suelen incluir medidas más restrictivas que las que después se aplican, puesto que la DGA modifica sus decretos mediante órdenes que permiten más flexibilidad en cuanto a los aforos y los horarios.
Son estas órdenes, y no los decretos que establecen las fases de alerta (en este momento estamos en una fase 2), lo que los ciudadanos, los hosteleros en este caso, pueden recurrir, pero lo que ocurre es que si el recurso prospera y se anula la orden sanitaria lo que rige es el decreto, que es más restrictivo, por lo que carece de sentido acudir a la Justicia.
Este sistema, así como los tiempos de aplicación de las restricciones, que hacen inviable que los tribunales se pronuncien a tiempo, lo que el TSJA considera que tiene «visos de inconstitucionalidad». Concretamente, los magistrados opinan que podrían estar incumpliéndose los artículos 9.3, 24 y 86.1 de la Carta Magna. Todo un lío jurídico que no hace sino complicar la ya de por sí difícil situación derivada del covid.
El ocio nocturno aragonés pide un modelo 'a la madrileña'
El sector del ocio nocturno en Aragón sintió ayer de nuevo el respaldo del TSJA, que ve «visos de inconstitucionalidad» en el sistema utilizado por Aragón para aplicar restricciones. «Están haciendo un juego muy sucio porque no dejan que defendamos nuestros derechos. Pedimos normas claras que se puedan recurrir, si no se trata de una trampa continua», señala el portavoz de las asociaciones que agrupan al sector en la comunidad, Alberto Campuzano. Asimismo, este hostelero defiende que la situación actual de la pandemia «ha demostrado» que las restricciones aplicadas en Aragón no están funcionando. «Somos de las comunidades más restrictivas y en la que más contagios hay. El caso de Madrid demuestra que las restricciones sobran. Hay que trabajar en otros factores para conseguir espacios seguros», alega. Insiste, además, en que la DGA compense las pérdidas al sector por los cierres y limitaciones.
