El espíritu de la búsqueda de consensos desde Aragón en el debate de la reforma de la financiación autonómica sigue vigente para todas las fuerzas políticas que lo rubricaron en la pasada legislatura. Tan solo peligra por Vox, que entró al hemiciclo en las últimas elecciones, después del último acuerdo parlamentario sobre este asunto en 2018, y amenaza con no apoyar la propuesta, a pesar de que todos los grupos reconocieron que los criterios de población ajustada que plantea el Ministerio de Hacienda benefician a Aragón.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, han reunido en las Cortes a los portavoces de los ocho grupos (PSOE, PP, Cs, Podemos, CHA, PAR, Vox e IU) y al presidente de la Cámara, Javier Sada, para explicar el análisis del Ejecutivo autonómico respecto a la primera propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El objetivo es alcanzar el «consenso» con los grupos y entre las comunidades despobladas. Lambán calificó el documento de «bastante alentador y positivo» ya que «plantea que los cálculos se hacen por población ajustada, es decir, atendiendo al coste real de los servicios».
Solo Vox se desmarca del acuerdo desde la oposición
En las Cortes, la portavoz del PP, Mar Vaquero, confirmó la predisposición de los conservadores a iniciar la negociación «con el espíritu de consenso que se alcanzó en la anterior legislatura». Su intención es «defender la suficiencia financiera para garantizar la prestación de servicios públicos teniendo en cuenta todas nuestras peculiaridades geográficas y demográficas». Eso sí, recordó la propuesta del líder del PP, Jorge Azcón, de contar con «un grupo de expertos» porque la situación ahora «es distinta a la de 2018».
Desde Ciudadanos, su coordinador Daniel Pérez Calvo calificó de «oportunidad histórica» esta reforma. De acuerdo también en los criterios de población ajustada que plantea Hacienda, aseguró que «habrá que librar el caballo de batalla de la dispersión del territorio» y defendió un sistema que «garantice la igualdad entre todos los españoles» empezando por la reforma de la ley electoral «para que los soberanistas no estén sobre representados».
La piedra en el camino la pondrá la extrema derecha, que vuelve a excluirse de cualquier foto de unidad. Su portavoz, Santiago Morón, reconoció que será «difícil» llegar a acuerdos. Definió el documento de Hacienda como «nada halagüeño», y es que de nuevo Vox puso en cuestión el propio sistema autonómico. «Nos preguntamos hasta cuándo seguiremos incrementando las partidas destinadas a la subvención de los servicios públicos», señaló Morón, que reclamó una «visión más nacional, que todos los españoles tengan el mismo acceso a unos servicios públicos de calidad», sin aclarar cuál es su modelo, más allá de «recortar el gasto político».
Desde IU, su portavoz Álvaro Sanz puso el foco en «una fiscalidad justa y progresiva que garantice un incremento de los recursos públicos» para poder cubrir las necesidades en la prestación de los servicios públicos. Eso sí, valoró positivamente el nuevo modelo de población ajustada que permite «un diagnóstico más concreto y ajustado a la realidad de los gastos de financiación de sanidad, educación y servicios sociales».
El cuatripartito pide cumplir el Estatuto
Como Sanz, el cuatripartito puso el acento en que Aragón deberá conseguir mejoras reclamando un mayor peso de la superficie, la densidad de población, el sobreenvejecimiento y la orografía, así como el cumplimiento del Estatuto.
Vicente Guillén (PSOE) celebró que Aragón sale beneficiada en torno a un «7%» con este sistema. Nacho Escartín (Podemos) defendió la propuesta por incluir criterios como «la población envejecida, la dispersión o la despoblación» y reclamó una «reforma fiscal progresiva» para garantizar la suficiencia financiera.
Jesús Guerrero, portavoz del PAR, defendió el cambio de sistema «para que la gente no solo se vaya a vivir a las grandes urbes sino que se pueda quedar a vivir en los pueblos y ciudades pequeñas».
Joaquín Palacín, portavoz de CHA, recordó que «Aragón está infrafinanciado» por lo que urgió a que el nuevo modelo «llegue ya», lamentando que el Gobierno no incluya la reforma en su plan normativo de 2022. Aunque reconocen «avances» en el modelo, piden más pasos en el coste real de los servicios y la autonomía financiera.
