La reforma del sistema de financiación autonómica vaticina una intensa batalla entre comunidades autónomas unidas en bloques por sus intereses comunes en el cálculo del reparto de fondos más que por sus siglas. Por un lado, las más pobladas, como Andalucía y la Comunidad Valenciana. Por el otro, las despobladas, donde se ubica Aragón junto con Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Asturias y Cantabria.
En este contexto, el informe publicado ayer por la Cámara de Cuentas de Aragón recuerda los análisis del actual modelo de financiación elaborados por el Comité de Expertos en 2017 y por la ponencia de las Cortes de Aragón, donde se señalaban las carencias de un sistema que todos señalan que «infrafinancia» a las comunidades autónomas.
Una de las principales críticas, y que ayer también subrayaron desde el Partido Popular en Aragón, es que el sistema no se basa en el «cálculo real» del coste de los servicios, sino en el «coste pactado» en el momento de diseñar el modelo de financiación.
Tal y como se recuerda en el documento de la Cámara de Cuentas, el informe de la comisión de expertos señala que «las diferencias de financiación por habitante derivan de la aplicación del criterio del coste efectivo en el traspaso inicial de las competencias y del mantenimiento del status quo en las posteriores revisiones del sistema».
En este sentido, señala que «el coste efectivo responde más a un coste ‘pactado’ que a un coste efectivo ‘calculado’, debido a las limitaciones de la contabilidad de la administración pública (basada en la contabilidad presupuestaria y no en la patrimonial o de costes».
Además, señala que la falta de fondos deriva de una «infra presupuestación» previa de las competencias que se transfirieron desde el Estado a las comunidades autónomas, lo cual ha generado «déficits permanentes» en los presupuestos autonómicos
