Solo quienes padecen VIH (el virus que causa el sida), quienes alguna vez se han sentido discriminados o quienes han trabajado en poner fin a esta circunstancia «incomprensible» son capaces de valorar el trasfondo que tiene el pacto alcanzado en Aragón el pasado 24 de noviembre. Además de ser pionero en España, el paso al frente para erradicar de las convocatorias de empleo público la exclusión médica que suponía hasta el momento padecer VIH es otro avance social y un acuerdo de justicia contra el estigma.
«Era una sinrazón, no tenía sentido, pero nadie desde las Administraciones, aún sabiendo que el VIH no se contagia si el paciente está en tratamiento, cambiaba nada. Hemos soportado discriminación durante años», declara Juan José Barrios, presidente de Omsida Aragón.
No es que la palabra VIH figure de manera literal en las ofertas de empleo público como motivo de exclusión, sino que lo hace escondida tras el concepto de enfermedad infecto contagiosa o de transmisión sexual. Es decir no solo es el VIH. Una persona que padezca, por ejemplo, sífilis o clamidea también quedaría al margen de trabajos como policía local o no podría acceder a una plaza en una residencia juvenil ni tampoco, a nivel privado, aspirar a tener una licencia de taxi.
En la actualidad, unas 5.000 personas en Aragón viven con VIH.«Se está dando por hecho que, por tener la enfermedad, no están capacitados para trabajar. Es duro ¿eh? Cuando el VIH no tiene ninguna relación con factores de riesgo en el trabajo y los pacientes pueden tener una vida profesional como cualquier otro ciudadano», reitera Barrios.
Se abre la vía a posibles impugnaciones
En Zaragoza está a punto de salir la convocatoria de plazas de Policía Local y está tendrá que recoger ya la condición del nuevo acuerdo. «Vamos a revisar todas las que salgan, en todos los empleos públicos, a partir de ahora y si no se cumple podemos impugnar cualquier oposición», explica el presidente de Omsida Aragón.
En la actualidad, unas 5.000 personas en Aragón viven con VIH
El gran cambio, en parte, depende de los departamentos competentes. «Deber ser la DGA, los ayuntamientos y entidades locales o privadas las que hagan ese cambio. Deben dejar claro que, por ejemplo, ahora a un chaval no le puede negar el acceso a una residencia estudiantil si tiene VIH y tampoco se le puede impedir el acceso a una piscina pública, aunque en este último caso nunca se ha pedido ningún certificado», aclara.
"Ahora a un chaval no le puede negar el acceso a una residencia estudiantil si tiene vih y tampoco se le puede impedir el acceso a una piscina pública", señalan desde Omsida Aragón
La búsqueda de este giro en las normativas viene de lejos. «Ya se lo pedimos hace años al exconsejero de Sanidad, Sebastián Celaya, y se mostró comprometido. Llevamos años de trabajo y de reuniones. Estamos contentos y satisfechos de haberlo logrado, pero lo lógico sería que fuera algo general y todas las comunidades lo aplicaran. Aragón ya no discrimina, pero lo hace el resto», explica Barrios.
Numerosas convocatorias contienen esa discriminación
Para alcanzar este acuerdo ha trabajado, entre otras personas, Oliva Ladrero, jefa de sección de Programas de Salud de la Dirección General de Salud Pública de la DGA, y Wafa Ben Cheik, la coordinadora autonómica del programa de Prevención y Control del VIH/Sida en Aragón. «En el equipo llevamos muchos años detrás de este objetivo, desde 2016», explican a este diario.
De hecho, en 2017 elaboraron un informe donde recogían todas las convocatorias de la comunidad y en él constaron «una discriminación clara» hacía este colectivo, señalan. «A partir de ese momento se formó un grupo de trabajo que englobó a oenegés, a instituciones colaboradoras, a ayuntamientos y a Salud Pública y nos dimos cuenta de que existían muchísimos casos más allá de las ofertas públicas», cuenta Ladrero.
"Es una circunstancia de discriminación institucional o estructural. Aunque esté escrito sin hacer referencia directa al vih, indirectamente es una ilegalidad"
¿Y por qué creen que sucedía esto? La respuesta desde la Administración está en una «tradición» de hacer así las convocatorias en las que «jamás» se ha analizado su trasfondo. «Es una circunstancia de discriminación institucional o estructural. Aunque esté escrito sin hacer referencia directa al VIH, indirectamente es una ilegalidad», afirma Ben Cheik.
Ladrero, igualmente, insiste en el mensaje: «La evidencia científica, en una persona con VIH con carga indetectable, dice que no puede contagiar. Ni en un trabajo, ni en un local de ocio...», dice. «Llega un momento en el que la persona vive con la infección de manera crónica y hay un eslogan que todo el mundo debería grabarse en la frente: es indetectable e intransmisible con una pareja, con los amigos, con las familias, con los compañeros de un trabajo o de cualquier lugar», reitera.
Más del 40% de los diagnósticos de vih en Aragón son tardíos y preocupa, además, el incremento de otras infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes
En la DGA hay «satisfacción» por el acuerdo pionero alcanzado en Aragón, pero queda recorrido. «El diagnóstico precoz nos sigue costando y ahí tenemos retraso», confirma Ladrero. De hecho, más del 40% de los diagnósticos en la comunidad son tardíos.
Más allá del VIH y el sida, otra «problemática» social a la que deben hacer frente las Administraciones es la ingente subida de las enfermedades de transmisión sexual. «Nos preocupa mucho porque está creciendo mucho, sobre todo entre la gente joven, y ahí tenemos un amplio campo de trabajo empezando por fomentar aún más la distribución del preservativo y las relaciones seguras », señala Ladrero desde Salud Pública de la DGA.
