El Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca ha señalado para el próximo 4 de mayo el juicio contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat de Cataluña Santi Vila y Lluis Puig por presuntos delitos de desobediencia a la autoridad judicial derivados de su negativa a la entrega de los bienes del Monasterio de Sijena cuando estaban al frente de su departamento.
La decisión ha sido comunicada hoy a las acusaciones y a las defensas a través de un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que se emplazan a todas las partes personadas en esta causa penal instada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.
Una decisión que se produce días después de rechazar el magistrado encargado de enjuiciar los hechos las comparecencias como testigos de la exconsejera de Cultura del Gobierno aragonés Mayte Pérez, actual consejera de Presidencia del Ejecutivo regional, y del exministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo.
La causa contra Vila -al que la acusación imputa además un delito de usurpación de funciones- y Puig tiene su origen en la decisión de ambos de no cumplir con la orden de ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que ordenó la devolución de diversas piezas del tesoro histórico-artístico del monasterio.
Vila respondió en un escrito a la magistrada que dictó la orden de ejecución que no podía ir contra las leyes de su propio país, mientras que Puig, huido de la justicia española a causa del 'procés', dilató en el tiempo la petición alegando que necesitaba más tiempo para estudiar la reclamación.
El ministerio fiscal solicita para cada uno de los exconsellers penas de 11 meses de prisión y multa de 18 meses diarios durante once meses, petición de multa que la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena eleva, además de la misma condena a cárcel, a 300 euros diarios durante 11 meses y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el caso de Santi Vila, la acusación particular reclama una condena añadida de 11 meses de prisión y de 300 euros diarios durante 7 meses por el delito de usurpación de funciones judiciales.
A juicio del letrado de Sijena, Jorge Español, ambos exconsellers "incumplieron sistemáticamente todas las resoluciones judiciales dictadas a este fin en la esperanza de que Cataluña se declarase independiente y así pudiese retener para siempre dicho tesoro artístico en Cataluña".
