El Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón ha enviado este viernes al ministerio su valoración del nuevo sistema de cálculo de la «población ajustada», uno de los primeros pasos para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.
Dos días antes de que expirase el plazo, el departamento que dirige el consejero Carlos Pérez Anadón ha hecho llegar a la ministra María Jesús Montero las consideraciones de Aragón al documento remitido el pasado 3 de diciembre, y que abría el tortuoso camino del cambio de modelo que la mayoría de las comunidades autónomas ansían.
La respuesta aragonesa incluye no solo las valoraciones del Ejecutivo autonómico, sino también de la práctica totalidad de los que tienen representación en el Parlamento, salvo Vox. Además, en las últimas semanas el Gobierno ha cosechado el apoyo de los agentes sociales y los empresarios para reclamar con una sola voz una «financiación justa» para Aragón.
El informe del Departamento de Hacienda, de 24 páginas, repasa la propuesta del ministerio y matiza en aquellos puntos en los que se considera que la propuesta debe mejorarse para reflejar todas las particularidades de la comunidad autónoma.
Además, el documento pone negro sobre blanco las carencias de este texto inicial del departamento, y pide ahondar en cuestiones como la «suficiencia financiera y la sostenibilidad del sistema, la autonomía tributaria, la corresponsabilidad y la lealtad institucional». El escrito remitido a las comunidades autónomas, explicitan desde Aragón, contiene solo la propuesta sobre el cálculo de la población ajustada, por lo que todavía no se puede valorar como si se tratara de la propuesta «integral» de reforma del sistema de financiación.
Responde a las demandas aragonesas
Aun con todo, desde el Gobierno de Aragón reconocen que el trabajo del ministerio «va en la línea de lo demandado» desde la comunidad y destacan la «imperiosa necesidad» de abordar la reforma. Más aún cuando en las últimas semanas la Cámara de Cuentas de Aragón la ha puesto cifras al déficit de la financiación del Estado a la comunidad, de unos 630 millones de euros al año.
El informe enviado ayer califica de «valiosa» la propuesta de incorporar en la determinación de la población ajustada como variables correctivas los costes fijos o economías de escala y la despoblación como variables que afectan a la prestación de los servicios. Es una de las batallas perseguidas por el Ejecutivo autonómico toda vez que las comunidades autónomas de mayor población insisten en un modelo que prime exclusivamente el coste de los servicios por habitante.
El documento del ministerio divide el cálculo del coste de los servicios en cuatro bloques (Sanidad, Educación, Servicios Sociales y «resto») y determina el cálculo por «población ajustada» de los tres primeros, mientras que Aragón reclama que se tenga en cuenta ese criterio para todos. La construcción de infraestructuras o las políticas de medio ambiente, señalan, no solo se pueden medir en términos per cápita.
El coste de los servicios públicos y cómo calcularlo
En cuanto al peso que el ministerio otorga al gasto sanitario (del 40-45%), Aragón se muestra favorable. Sobre todo, porque se incluyen más tramos de análisis de población, lo que permite ajustar el cálculo del coste real de los servicios, dado que el gasto sanitario se dispara en los últimos años de vida.
Así, el sobreenvejecimiento de la comunidad autónoma (el porcentaje de personas mayores de 80 años) es una variable que beneficiaría, según este modelo, a Aragón.
En el caso de la cuantificación del gasto educativo, el ministerio propone un peso de entre el 25 y el 30%, y para los Servicios Sociales, del 6 al 10%.
En el ámbito educativo, el documento aragonés destaca que, al tener menos población joven en la comunidad, esta variable no es de las más importantes para Aragón. En el caso de los Servicios Sociales, se ve «razonable» la propuesta del ministerio que divide en dos franjas de edad la población (de 65 a 79 años y mayores de 80), lo que, de nuevo, beneficiaría a la comunidad por el grado de envejecimiento de su población.
Además, plantean que se incorpore el indicador de pobreza y exclusión social para medir las necesidades en este ámbito, en lugar de la propuesta del ministerio, que pasa por contabilizar el número de parados sin prestación.
Aragón, el 10% del territorio del país, pide más peso para la superficie
Por último, el informe de la DGA destaca las carencias en cuanto al peso de la superficie y la orografía en el modelo propuesta por el ministerio. La inclusión de estas variables con más peso en el cómputo global es una de las principales reclamaciones. Así, pide que al menos represente un 4% del total.
En el caso del criterio de «dispersión», también clave para Aragón al tener el 10% de la superficie de todo el país pero solo el 3% de la población, la propuesta autonómica es que se tenga en cuenta la distribución por municipios en lugar de por entidades singulares. Asimismo, se reclama incorporar el criterio de la «orografía», que elude el modelo de Montero. De los 50 municipios más altos de España, 25 se encuentran en Aragón, recuerda el informe.
Por último, la DGA reclama que el modelo que se plantee, debe tratarse de una propuesta que sea asumible por el conjunto de las comunidades.
Las claves
1.GASTO SANITARIO
El gasto sanitario tendrá un peso del 40-45% en el nuevo cálculo de la «población ajustada» según el ministerio, una propuesta que celebra el Gobierno de Aragón. La subdivisión de la población por 20 grupos de edad también beneficia a la comunidad.
2.EDUCACIÓN
La educación representará entre el 25-30% del cálculo global, e introduce cambios al incluir nuevas variables como la población universitaria y de Formación Profesional. La DGA prefiere, por el envejecimiento, que esta variable solo cuente el 25%.
3.SERVICIOS SOCIALES
El ministerio deja un amplio margen del 6 al 10% del peso del coste de los servicios. La comunidad aboga por el 10%. La división de la población mayor en dos grupos (de 65-79 y mayores de 80) beneficia a Aragón.
4.VARIABLES GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS
La comunidad autónoma reclama un mayor peso (previsto ahora del 3-4%) para las variables correctivas de la superficie, la despoblación, la densidad de población o la dispersión. Además, pide tener en cuenta la orografía, que encarece la prestación de servicios.
