Un proyecto piloto innovador dejará en Aragón 7,4 millones de euros para mejorar la inclusión social y laboral de los usuarios del Ingreso Mínimo Vital (renta básica) de las tres provincias aragonesas a través del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
En total, el ministerio ha firmado 16 convenios por 109 millones de euros, que serán desarrollados en nueve comunidades autónomas y ciudades (Aragón, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Ceuta), los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y con cinco entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas). La comunidad autónoma recibirá, por lo tanto, el 6,7% de los fondos previstos para este proyecto en todo el Estado.
Según la publicación del convenio con Aragón en el Boletín Oficial del Estado, el proyecto piloto está dirigido a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV (Pacimv) se centrará en iniciativas de «orientación y apoyo psicosocial, acogida, acompañamiento y orientación en los procesos de inserción social y laboral, acciones de apoyo y educación, además de medidas de apoyo en el contexto de la salud o la vivienda».
Además, el convenio prevé también la «evaluación» de los proyectos pilotos, lo que supondrá el análisis de estas políticas públicas en el ámbito de la inclusión social, para la posterior puesta en marcha de similares iniciativas.
El Departamento de Ciudadanía del Gobierno de Aragón trabaja en la concreción y puesta en marcha de este proyecto piloto, que fue publicado por el Ministerio de Inclusión la pasada semana. Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, su impacto podrá llegar a unos 5.000 beneficiarios de estas ayudas en las tres provincias aragonesas, «especialmente en las zonas rurales» y a través de los centros de los servicios sociales.
El convenio estará vigente hasta el 31 de marzo de 2024 y se creará una comisión mixta para su seguimiento, que deberá reunirse dos veces al año, y estará formada por cuatro representantes del Estado y cuatro del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.
Llegar a las personas en riesgo de exclusión
El proyecto de inclusión social y laboral podrá ir destinado, principalmente, a los usuarios del Ingreso Mínimo Vital y de la Prestación Complementaria Aragonesa, aunque el convenio firmado con el ministerio prevé también ampliar su aplicación a otros perfiles de personas «en situación o en riesgo de exclusión social», sin necesidad de que sean ya perceptoras de cualquiera de estas prestaciones sociales.
El propio convenio define qué perfiles podrían beneficiarse de la iniciativa pese a no ser perceptores de las prestaciones sociales.
En concreto, se incluye a los "jóvenes procedentes de los servicios de protección; a las personas bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de Aragón (CTDJA), familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género, personas pertenecientes a familias desestructuradas, migrantes, personas de minorías étnicas, personas con discapacidad, sin hogar, reclusos y exreclusos, personas con problemas de adicción y personas empobrecidas con escasa red familiar y social".
Los proyectos incluirán desde programas de apoyo personalizados a comunitarios para la inclusión; apoyo en la búsqueda de vivienda; ayudas económicas para sufragar los gastos derivados del transporte, la manutención, o la atención sociosanitaria; acciones de apoyo en la búsqueda de empleo y formación y en el ámbito sanitario.
