La pandemia y las restricciones sanitarias aplicadas provocaron el hundimiento de la economía, con especial impacto en algunos sectores, como la hostelería y el turismo, que no pudieron desarrollar su actividad con normalidad durante una larga temporada. Las ayudas públicas para compensar este destrozo, sin embargo, tardaron en ponerse en marcha o no llegaron a todos los afectados por la rigidez de las condiciones exigidas. Así ha ocurrido con el principal salvavidas lanzado a pymes y autónomos, los fondos a la solvencia activados por el Gobierno de España. El 53% de los 141 millones de euros asignados a Aragón se quedaron sin repartir. La comunidad trata ahora de maniobrar para aprovechar ese sobrante de 75 millones con el impulso de una nueva convocatoria con criterios más flexibles.
El Ejecutivo autonómico ha alcanzado un acuerdo con el sector de la hostelería y las organizaciones empresariales para reclamar a los ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda la utilización del dinero que quedó sin asignar con un nuevo modelo de ayudas que las haga más accesibles. El documento de consenso sugiere que se elimine el requisito de que los solicitantes estén libres de pérdidas en 2019, la reducción de los umbrales de caída de la facturación del 30% al 20% -en las cuentas de 2021 respecto a las de hace dos años- y el incremento de las prestaciones hasta un máximo de 6.000 euros para los autónomos y 400.000 para las pymes (los límites iniciales eran de 3.000 y 200.000, respectivamente).
La propuesta ha sido suscrita este lunes en Zaragoza por el vicepresidente de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, y por los presidentes o directores de Cepyme, CEOE, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Aragón, las asociación zaragozanas de Cafés y Bares, de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas y de Hoteles y las patronales de Hostelería y Turismo de Huesca y Teruel.
El documento, que se remitirá a los ministerios implicados en la materia y a las organizaciones empresariales de ámbito nacional, incorpora diversas sugerencias para que las ayudas "puedan llegar integras" a los sectores económicos que sufrieron los estragos de la pandemia.
Negociaciones desde noviembre
El acuerdo entre la DGA y las organizaciones empresariales ha culminado tras las negociaciones que se vienen manteniendo desde la primera reunión celebrada el pasado 28 de diciembre, en la que ya se puso de manifiesto "la sintonía y la unanimidad" de criterios en torno a la necesidad de ejecutar la integridad de las ayudas a la solvencia. Desde ese momento, los firmantes han profundizado en la necesidad de favorecer las acciones de impulso, cruzando documentación y analizando las dificultades que han podido concurrir en las diferentes convocatorias.
El Gobierno de Aragón ha repartido hasta ahora un total de 66 millones de euros entre 5.345 empresas que cumplieron los requisitos fijados por el real decreto ley 5/2021. En una primera convocatoria se adjudicaron 41,1 millones y otros 19 millones en una segunda ronda que se abrió tras un cambio normativo que permitió ampliar los plazos y los supuestos que se pueden subvencionar que incluía las pérdidas contables.
Salvo Baleares y Canarias, que habían tenido un tratamiento específico con las ayudas, la mayor parte de comunidades no han ejecutado un porcentaje importante de los fondos. Aragón es uno de los territorios que ha registrado un peor balance, con el 53% del dinero sin adjudicar, junto con Asturias y Castilla y León, que se han situado en el 40%, mientras que a Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Cantabria les ha sobrado en torno al 30%, según datos recopilados por UPTA.
Desde el Ejecutivo aragonés considera que este resultado es “insatisfactorio” y evidencia dificultades para hacer llegar esta medida de impulso a los afectados, a pesar de las medidas adoptadas por esta Administración, como incluir a todos los sectores como posibles beneficiarios y "a la agilidad en la gestión de las convocatorias".
“No es un problema específico de Aragón ni que puede solucionar Aragón, pero hemos decidido trabajar en favor de una nueva convocatoria, que se eleve a decisión nacional y sirva a todas las comunidades”, subrayó Carlos Pérez Anadón.
Una solución para todos los sectores
El frente común que se ha configurado en la comunidad para reclamar que se ponga en marcha una tercera convocatoria que encauce el reparto de los fondos pendientes no se orienta solo a los posibles beneficiarios del sector hostelero, sino que se abre a todo el tejido productivo. De hecho, esta posición ya fue defendida por el presidente Javier Lambán, en una de las últimas conferencias de presidentes y, el propio consejero de Hacienda remitió dos cartas en este sentido a las ministras de Economía y de Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, respectivamente.
Tanto Aliaga como Pérez Anadón no quisieron valorar cuáles son las posibilidades de éxito de que el Gobierno de España apoye la iniciativa y modifique la normativa pertinente. Ambos pusieron el acento en "la unidad y el interés" demostrado por todos los implicados, así como su "voluntad de diálogo".
