Los fondos europeos de reconstrucción van a suponer una oportunidad para paliar carencias históricas que tienen Aragón y el conjunto de España en materia de vivienda, en concreto, en rehabilitación y alquiler social.

En una consulta abierta por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo autonómico, 16 ayuntamientos han priorizado la reforma de 5.169 hogares (14.881 en sus objetivos más ambiciosos) y 41 municipios han propuesto la construcción de 920 para arriendo asequible. En el primer caso se requeriría una inversión total de 209 millones de euros y subvenciones por valor de 120 millones. Esta cifra triplica el dinero que la comunidad estima que captará de Bruselas en este programa, que sería de cerca de 40 millones.

En el alquiler, los proyectos municipales rondan los 98 millones de inversión y casi 50 la subvención que haría falta cuando las ayudas podrían llegar para este programa serían de unos 29 millones, lo que daría para cubrir el 70% de la potencial demanda.

Estas manifestaciones de interés son un primer paso para el reparto de los fondos europeos para vivienda que hará el Gobierno de Aragón, que tiene la expectativa de pescar un total de 70 millones en este capítulo.

Estas son las estimaciones que hizo ayer el consejero del ramo, José Luis Soro, en la presentación del balance de la consulta previa realizada a los ayuntamientos para conocer sus intenciones en materia de rehabilitación de barrios y construcción de vivienda para alquiler, dos de los seis programas que se pondrán en marcha en este sector al calor del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"A partir de estos datos empezamos el trabajo técnico para determinar qué proyectos están más maduros y se podrán llevar a cabo en los plazos marcados por Europa", apuntó el consejero. Para hacer esta criba, consideró que deberá tenerse en cuenta la "implicación de los vecinos", que deberán aportar una parte del presupuesto, así como decidir cuáles son "las necesidades más urgentes", entre otros aspectos.

Soro precisó que la consulta no es "excluyente" y que se podrán analizar propuestas de otros ayuntamientos en los próximos meses. También recordó que al margen de estos proyectos se están llevando a cabo otras iniciativas para rehabilitar vivienda, como los ARRU o un plan para el medio rural vinculado al Fondo de Cohesión Territorial.

Cinco programas para rehabilitación y uno para alquiler de vivienda nueva

El apartado destinado a vivienda de estos fondos europeos se divide en seis programas, cinco de ellos de rehabilitación y uno para vivienda nueva de alquiler. El más importante de ellos es dedicado a la remodelación integral de viviendas en los barrios, al que el Gobierno de Aragón ha decidido dedicar el 45% del dinero que reciba frente al mínimo del 30% que establece la UE.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido ya 1.151 millones a las comunidades autónomas para los cinco programas de rehabilitación.

El criterio de reparto ha sido el número de hogares, de manera que a Aragón le han correspondido 33,3 millones al representar el 2,9% del total de familias del país. De esta manera, la DGA repartirá 15 millones entre los ayuntamientos para reformar viviendas en los barrios (del programa uno).

No están aún determinados los criterios que marcará el ministerio para asignar los fondos en 2023 y 2024, pero la intención es que se haga en función de los resultados objetivos del desarrollo del plan. «Quienes mejor lo hagan más dinero recibirán», explicó Soro. Los criterios de Europa marcan que las ayudas tendrían que estar concedidas como máximo en noviembre de 2023 y las obras terminadas en 2026.

Un reparto con "criterios técnicos"

El reparto de los fondos europeos para vivienda en Aragón se hará con "criterios estrictamente técnicos", recalcó ayer el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, quien garantizó que las ayudas se asignarán «sin motivaciones políticas» ni mirando a qué partido pertenecen los alcaldes, pero tampoco en función del volumen de población de los municipios.

En este sentido, apeló al «diálogo» y a la cooperación con los ayuntamientos para lograr que la comunidad logre captar el máximo posible de la «lluvia fina de millones» que va a caer en materia de rehabilitación y obra nueva de alquiler.

No obstante, Soro subrayó que no pretende generar «falsas expectativas» y por eso anunció que desde el departamento ya se han puesto a trabajar sobre las propuestas planteadas por los consistorios para tomar decisiones «cuanto antes».

Hay un horizonte temporal, noviembre de 2026, para que todas las obras estén ejecutadas, pero en noviembre de 2023 se evaluará el grado de cumplimiento, por lo que es importante, según Soro, no retrasarse en esta fase previa y empezar «cuanto antes» y cumplir los objetivos, con la finalidad de recibir más fondos.

En la consulta realizada por la DGA para conocer el interés de los municipios en materia de rehabilitación han participado 16 ayuntamientos, que estiman que deberían reformar 37.000 viviendas, 5.169 de ellas con carácter prioritario para la primera fase del programa.

En estas últimas, Calatayud encabeza las propuestas (1.249 solicitudes), seguida de Huesca (740), Jaca (580), Zaragoza (456), Ejea (340) , Teruel y Monzón (ambas 336).

En el sondeo sobre las ayudas para abordar la construcción de vivienda de alquiler social, la capital aragonesa acapara el 60% de las peticiones registradas, con 569 pisos de los 920 que han propuesto un total de 41 consistorios.

Los proyectos de la ciudad de Zaragoza requerirían una inversión de 52 millones y una subvención de 20 millones. Utrillas ha pedido 5,5 millones para 52 viviendas; La Puebla de Híjar y Aínsa 2,2 millones para 14 y 16 viviendas, respectivamente, y Vencillón 1,7 para 11 viviendas.

Soro subrayó que el Gobierno de Aragón podría haberse reservado una parte de los fondos para la construcción de vivienda pública con los que ejecutar, por ejemplo, el proyecto en los cacahuetes de la Expo de Zaragoza, pero se ha optado por transferir todo el dinero a los ayuntamientos.