El sector hostelero y hotelero de Zaragoza está más cerca de conseguir su propósito, que los 3,4 millones de euros que debía aportar el ayuntamiento al plan de rescate del Gobierno de Aragón no se pierdan y se inviertan en ayudas directas. La concejala de Economía, Carmen Herrarte, se comprometió a destinar este dinero al sector y lo mantiene.

La propuesta ya está sobre su mesa. Las principales asociaciones de la ciudad han logrado dejar a un lado sus diferencias y ponerse de acuerdo, y todas coinciden en que es cuestión de días que se firmen el convenio con el consistorio. Su proyecto tiene un objetivo claro, que los ingresos que puedan percibir sean, al menos, los mismos que hubieran recibido a través del plan autonómico. Unas propuesta que parte del mismo criterio de cálculo para las compensaciones que exigieron a la DGA, como es el descenso de la facturación.  

Zaragoza se descolgó de este proyecto porque no estaba conforme con que la aportación municipal se utilizase para rescatar a negocios de otras localidades. Una peculiaridad que, además, no avaló la Intervención municipal. Así lo precisan hosteleros y hoteleros, que incluyen entre sus criterios que solo los establecimientos cuya actividad se desarrolle en la capital puedan beneficiarse. 

Además, dejan fuera al sector turístico, que entienden que ya percibió las ayudas del Gobierno de Aragón, por lo que están dirigidas a bares, restaurantes, al ocio nocturno y el sector hotelero o relacionado con los alojamientos.

Esto permite, a su vez, que el número de empresas que puedan recurrir a las ayudas sea menor y que no haya problemas a la hora de que la asignación se asemeje a la aportación autonómica.

Según el proyecto del sector, solo podrán ser perceptores aquellos negocios en situación de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) antes del 15 de marzo de 2020 y cuyo volumen de operaciones anuales se haya reducido «al menos un 20% con respecto al ejercicio de 2019». Hay excepciones y si el solicitante inició su actividad con posterioridad al 1 de enero de 2019, los ingresos se calcularían dividiendo el importe declarado entre el número de días que tuvo actividad, multiplicándolo por 365.

También se quedarían fuera las empresas que se hayan declarado insolventes o hayan sido sancionadas por la autoridad laboral competente. Son algunas de las criterios que incluye la propuesta, en la que contempla qué hacer si se genera remanente o si la consignación no es suficiente. Todos los que reclamen la ayuda y cumplan con los criterios deben recibir una aportación.

Herrarte ha mostrado en más de una ocasión su interés por alcanzar consensos con el sector e invertir los 3,4 millones en los negocios más castigados por la crisis. En el último pleno municipal adelantó que respetaría la decisión unánime entidades, que urgen a que el proceso sea ágil y que, a ser posible, se puedan cobrar las ayudas en verano.